El hallazgo de 383 cuerpos apilados en condiciones irregulares dentro del crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, ha desatado una profunda ...
El hallazgo de 383 cuerpos apilados en condiciones irregulares dentro del crematorio Plenitud, en Ciudad Juárez, ha desatado una profunda crisis forense y social en Chihuahua. Entre los restos se identificaron cuatro menores de edad, incluidos dos neonatos. La Fiscalía estatal informó que todos los cuerpos estaban embalsamados, lo que complica su identificación mediante ADN. Hasta ahora, se han identificado plenamente a 16 personas y otras 15 tienen nombre probable. Dos personas fueron detenidas: el dueño del crematorio y un trabajador, acusados de ocultamiento de cadáveres y violaciones a la Ley General de Salud.
El descubrimiento, realizado el 26 de junio tras una denuncia ciudadana, ha generado indignación entre organizaciones civiles, que exigen un proceso forense científico, transparente y con enfoque en derechos humanos. Las ONG también demandan una revisión de los permisos otorgados al crematorio, así como de los convenios entre el gobierno estatal y funerarias que subcontrataban sus servicios. Cinco funerarias, entre ellas Latinoamericana y Luz Divina, están vinculadas al crematorio investigado.
El fiscal César Jáuregui reconoció que el proceso es revictimizante para las familias, muchas de las cuales ya habían recibido urnas con cenizas. Casos como el de Gloria Criollo, quien teme que sus padres estén entre los cuerpos hallados pese a haberlos velado en una funeraria formal, reflejan la angustia de decenas de familias. Las autoridades han iniciado reuniones con los deudos y un proceso de individualización de los cuerpos, algunos de los cuales presentan tatuajes o amputaciones que podrían facilitar su identificación.
Las organizaciones firmantes, encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, advirtieron que la falta de regulación convierte a los crematorios en posibles instrumentos de encubrimiento y desaparición. Exigen que la disposición final de los restos se realice con consentimiento informado de las familias y que se garantice el respeto a la dignidad de las personas fallecidas. El caso ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema forense en un estado marcado por la violencia y la impunidad.
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