Una coalición de fiscales generales, encabezada por Connecticut, logró una victoria significativa cuando un tribunal emitió una orden prel...
Una coalición de fiscales generales, encabezada por Connecticut, logró una victoria significativa cuando un tribunal emitió una orden preliminar a nivel nacional que impide que la Administración del presidente Donald Trump recorte miles de millones de dólares en fondos destinados a la investigación médica y de salud pública. Los fondos están dirigidos a universidades e instituciones de investigación de todo el país, beneficiando a estas entidades independientemente de si sus estados se unieron a la demanda.
La coalición de fiscales, en un comunicado conjunto, celebró el bloqueo a nivel nacional del "ataque ilegal de Donald Trump a la ciencia y la salud pública". La orden ejecutiva de Trump buscaba desfinanciar la investigación de vanguardia sobre el cáncer, los avances en los tratamientos para enfermedades cardíacas, autismo, Alzheimer y muertes prevenibles de recién nacidos.
El pasado 10 de febrero, un juez del tribunal de distrito de Massachusetts emitió una orden de restricción temporal menos de seis horas después de presentarse la demanda contra la Administración Trump. La orden preliminar emitida recientemente reemplaza esa primera orden y evita que la Administración Trump recorte esta importante categoría de financiación mientras avanza el caso, permaneciendo vigente hasta que se dicte una sentencia.
La demanda fue presentada por las fiscalías de Connecticut, Massachusetts, Illinois, Michigan, Arizona, California, Colorado, Delaware, Hawái, Maine, Maryland, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin. El fiscal general de Connecticut, William Tong, destacó la importancia de esta orden para proteger la investigación científica y médica en todo el país.
Esta medida es un paso crucial para garantizar que la investigación médica y de salud pública continúe recibiendo el apoyo necesario, evitando despidos, cierres de laboratorios y una reducción en los estudios científicos y médicos. La comunidad científica y las instituciones de investigación han expresado su alivio y agradecimiento por esta decisión judicial que protege la financiación esencial para el avance de la ciencia y la salud pública.
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