Acusan a gobernadora de Tlaxcala de proteger a secretario para que evada obligaciones alimentarias

El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros enfrenta una denuncia por presuntamente brindar protección a Luis Antonio Ramírez Hernández, secretar...

El gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros enfrenta una denuncia por presuntamente brindar protección a Luis Antonio Ramírez Hernández, secretario de Medio Ambiente del Estado, para que evada el pago de obligaciones alimentarias a favor de su hijo de un año y nueve meses de edad, quien además requiere de tratamiento médico.

Pese a que en su toma de protesta, la mandataria ofreció que su gobierno sería un aliado de las mujeres, funcionarios de su administración fueron acusados penalmente por la ex pareja de Ramírez Hernández de presuntamente falsear información a fin de permitir que este integrante del gabinete morenista eluda el monto que debería pagar como pensión al hijo de ambos.

El 13 de febrero, Tania Vianey Rodríguez González, aún esposa del funcionario, denunció ante la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala a Ramiro Vivanco Chedraui, Oficial Mayor del gobierno estatal; a Miriam Montiel, directora de Recursos Humanos y a Jorge Armando Muñoz López, jefe del Departamento de Relaciones Laborales, entre otros, por los delitos de falsedad en informe de autoridad, fraude procesal, obstrucción de la justicia y los que deriven.


En entrevista con Apro, Tania Vianey señala que no obstante que, desde diciembre de 2022, un juzgado familiar de Morelos ordenó retener el 35% del sueldo del funcionario para cubrir las necesidades de manutención de su hijo, Ramírez Hernández ha usado sus conexiones políticas para incumplir su responsabilidad, lo que, en los hechos, lo convierte en deudor alimentario.


Originario de Morelos, el titular de Medio Ambiente es ahijado político de Rabindranath Salazar Solorio, actual Coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, y fue coordinador de la campaña de la actual gobernadora. De hecho, el exsenador morelense y Cuéllar Cisneros fungieron como padrinos en la boda entre Ramírez Hernández y Rodríguez González celebrada en diciembre de 2021.


Con Comprobantes Fiscales Digitales (CDFI) emitidos por el SAT, la entrevistada expone como su ex pareja, secundado por funcionarios del gobierno estatal, ha recurrido a tácticas como reducción de su salario y a reportar retenciones presuntamente ficticias, a fin de disminuir el monto a asignar para la manutención del menor.


Con esto, indica, el servidor público pretende que sólo se le descuente un 7 por ciento de los 84 mil 152 pesos que actualmente gana, que equivalen a 5 mil 754 pesos mensuales, cuando de aplicarse el 35% ordenado por el juzgado familiar se le tendrían que descontar 29 mil 453 pesos.


Además, agrega que el político busca eludir su obligación pese a que sabe que su hijo fue diagnosticado con inmadurez pulmonar y neurológica, por haber nacido prematuro, y por lo cual requiere de estudios, tratamientos y terapias médicas que la madre está económicamente imposibilitada para solventar.


Rodríguez González menciona que también interpuso una denuncia por violencia familiar y otra por amenazas en contra del funcionario, pues dos hombres armados que iban en una motocicleta, la advirtieron que la matarían. 


Por el primero de los casos se abrió la Carpeta de Investigación CJM01/1477/2022 en la Agencia del Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres de Morelos, y en torno al segundo, se aperturó la CDI SC01/15398/2022. Sólo durante un mes la policía de Morelos le brindó medidas de protección.


No obstante, dice que decidió denunciar públicamente su caso, debido a que el mayor temor que tiene es que su aún marido, “por sus influencias políticas”, busque quitarle la custodia del niño.


José Felipe Jasso, abogado de Rodríguez González, considera que la actuación concurrente de jueces y funcionarios de Tlaxcala a favor del secretario del Medio Ambiente evidencian un tráfico de influencias y una línea dictada desde arriba, que “sólo podría provenir de la gobernadora”.


TÁCTICAS

Tania Vianey asegura que durante su matrimonio ella y su hijo sufrieron violencia física, verbal y psicológica, por lo que, en noviembre de 2022, tras un episodio de agresión, decidió separarse y denunciar a su ahora ex pareja.


El juzgado segundo de lo familiar de Jiutepec, Morelos - donde radica- le otorgó a ella la custodia preventiva del niño, sin permitir visitas a Ramírez Hernández, y ordenó la pensión alimentaria.


El 31 de diciembre, esa autoridad judicial emitió un exhorto al Tribunal de Justicia de Tlaxcala para que notificara a las autoridades correspondientes del gobierno estatal que aplicaran el descuento al salario de Ramírez Hernández a favor del niño y de su madre.


Luego de esto, advierte, “empezó una pesadilla” pues en principio el poder judicial de Tlaxcala dilató el seguimiento del exhorto, por lo que ella tuvo que presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de esta entidad.


Igual, relata que, en busca de apoyo, entregó una carta dirigida a la gobernadora Lorena Cuéllar en la que le explicaba su situación crítica, que se agravaban por las necesidades de atención médica para su hijo. Además de tener que hacer constantes viajes entre Morelos a Tlaxcala para insistir ante las autoridades que atiendan su caso.


“Tiempo después recibí llamadas de la particular de la gobernadora en donde primero me manda decir que eran temas personales y que ella no se entrometería; en una segunda llamada me dicen que la gobernadora estaba angustiada por el tema de salud de mi hijo y que yo le mandará los estudios y terapias pendientes para ella cubrir los gastos, lo cual nunca ocurrió y una tercera llamada en donde me informan que ya me pagarían la pensión”, recuerda.


Tras esto, acudió a la pagaduría a Recursos Humanos del Gobierno de Tlaxcala en donde a finales de enero le pretendieron entregar el cheque por los 5 mil 754.28 pesos.


“Le digo a la señorita de pagaduría que estaban en un error porque el sueldo del secretario era mucho mayor, pero me dijo que era porque tenía otras pensiones a cargo y entonces solicité que me entregaran el CFDI de su nómina para corroborar esa información”, recuerda Tania Vianey.


Dice que en un inicio le proporcionaron ese documento impreso, pero cuando se


percataron en éste se reportaba un descuento de más de 21,000 pesos a su favor y no la cantidad que le estaban entregando -lo que evidenciaba un acto de corrupción- le arrebataron de las manos la hoja por lo que ella comenzó a grabar un video que entregó a Proceso. 


Cuando regresó a Morelos, descargó de la página del SAT los CFDI de Ramírez Hernández en donde se confirmaba que no tenía pensiones a cargo antes que la ordenada a favor de ella y su hijo. De hecho, refiere que antes de separarse, ella llevaba la contabilidad de su expareja, por lo que sabe que previo no había mandato judicial por otros acreedores alimentarios.


Las retenciones que se aplican al salario del secretario corresponden a Josefina Hernández Reyes, quien es su madre, y a Ana Karina Moncada Rodríguez, de quien se desconoce relación, pero en internet aparece que fue contratada como asesora del Senado en 2017, tiempo en el que Rabindranath Salazar Solorio, era parte de ese órgano legislativo.


El abogado Jasso Escobar menciona que hace más de un mes lograron que la jueza de Morelos girara un exhorto al Tribunal de Tlaxcala para que pida al gobierno estatal las constancias que justifiquen la legalidad de esas retenciones, es decir, los mandatos judiciales que las sustentan. No obstante, hasta hace días la autoridad tlaxcalteca ni siquiera había enviado ese requerimiento.


La denuncia penal que presentaron, indica, también incluye a la madre del funcionario y a Moncada Rodríguez, por “prestarse” a lo que sería un fraude procesal, con el que “de manera criminal” se priva a un menor de la manutención que legalmente le corresponde.


Igual, apunta que desde el 14 de marzo pidieron ante el juzgado familiar, que al omitir el monto de la pensión que le fue ordenada, se requiera al secretario que pague los estudios y valoraciones al niño ordenados por una doctora, pero hasta ahora nada ha procedido.


Esta dilatación en el proceso, sostiene, es irregular, pues debería de prevalecer el interés superior del menor, no obstante, en Tlaxcala este caso está parado, incluida la denuncia penal.


Rodríguez González comenta que lo mismo pasa con la demanda de divorcio que ella presentó desde hace más de un mes sin que a la fecha se le haya dado trámite, mientras que por la demanda, que en el mismo sentido presentó su ex pareja, los actuarios han amenazado con romper cerraduras de su casa por la madrugada para notificarla.


REDUCCIÓN SALARIAL

Tania Vianey muestra los CDFI de Rodríguez González que evidencian que el gobierno de Tlaxcala le disminuyó el sueldo del funcionario a partir de que ella logró obtener la pensión alimenticia. De acuerdo a los documentos que anexó en sus denuncias, de 92 mil 462 pesos que el funcionario ganaba en diciembre de 2022, su sueldo se redujo a 84 mil 152 pesos a partir de enero.


La reciente reforma aprobada por el Senado el 22 de marzo a la Ley la General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, contempla en su artículo 135  sanciones para las personas que incurran en “informes falsos” sobre la capacidad económica de los deudores alimentarios.


Con esta reforma se creó Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y se estableció la obligación de presentar el certificado de no inscripción en dicho registro para realizar procedimientos y trámites como licencias y permisos de conducir, pasaportes y para participar como candidatos a cargos de elección popular, entre otros.

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