La crisis del sistema de salud pública ha propiciado el acelerado crecimiento de los Consultorios Adyacentes a las Farmacias (CAF) –con cons...
La crisis del sistema de salud pública ha propiciado el acelerado crecimiento de los Consultorios Adyacentes a las Farmacias (CAF) –con consultas a muy bajo precio o de plano gratuitas–, pero con un esquema de explotación de unos 36 mil médicos, quienes reciben pagas raquíticas, son obligados a recetar los medicamentos que vende su patrón y por lo general no cuentan con las prestaciones de ley.
Los cerca de 18 mil CAF en el país –manejados por grandes cadenas de farmacias o por pequeños empresarios– constituyen un “sistema alterno” que le “quita presión” a las instituciones del sistema de salud pública, de ahí que el gobierno les permita operar en la “más completa ilegalidad” y mantener sus “prácticas monopólicas”.
El propio subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, admitió públicamente el pasado 16 de agosto que el gobierno no puede suprimir esos consultorios que “sólo buscan hacer negocio” y someten a sus médicos a “condiciones laborales precarias”, al extremo de convertirlos en “agentes de ventas” de las farmacias.
El doctor Vladimir Román Castillonájera, quien intenta aglutinar a estos médicos explotados en una asociación, comenta indignado: “Los llamados consultorios adyacentes son un gran negocio para los empresarios farmacéuticos y están proliferando a costa de la precarización del trabajo de los médicos generales, quienes prácticamente ya nos convertimos en sus esclavos, pues nos explotan de una manera brutal”.
–¿Y cómo se da esta explotación laboral?
–En primer lugar somos obligados a dar la consulta a 40 pesos, muy por abajo del costo promedio de una consulta de un médico general, que es de alrededor de 500 pesos. Y eso cuando bien nos va, porque en algunas farmacias nuestras consultas deben ser gratuitas a cambio de un salario raquítico, o bien, aceptar lo que el paciente quiera darnos, como si fuéramos limosneros.
“Aparte, no tenemos las prestaciones laborales que marca la ley, como es la pensión o el derecho a sindicalizarnos, quienes intentan aglutinarse en algún sindicato simplemente son despedidos. Trabajamos con contratos temporales. La cadena de Farmacias Similares, por ejemplo, a sus médicos ni siquiera les da copia del contrato.
Los médicos que siempre han laborado en estos consultorios adyacentes, surgidos a finales de los noventa, ya están casi en edad de pensionarse. Serán la primera generación bajo este esquema empresarial. Pero no tendrán pensión. ¿Qué van a hacer? ¿qué harán para sobrevivir? ¿pedirán limosna en la calle?... Les espera un futuro muy dramático.”
–¿Son solamente médicos generales, y no especialistas, quienes trabajan en esos consultorios?
–Sí, así es. Al empresario le conviene tener al médico general porque es quien atiende 90% de las consultas que se dan en el país. Son las llamadas consultas de primer nivel. La intención es que se den rápidamente una tras otra, como en una fábrica de maquila. Y nosotros somos el caballito de batalla.
Explotación tolerada
Bajo la figura de “comodato” –agrega el entrevistado–, el farmacéutico le permite al médico trabajar en el consultorio que construyó anexo a su farmacia. “En comodato significa que te lo presta para que ejerzas libremente tu práctica médica, pero aquí es muy distinto porque el empresario te dice cuánto cobrar por consulta, te impone los días laborales, el horario y otras condiciones. De manera que realmente es el patrón del médico”, dice Román Castillonájera, quien lleva 15 años trabajando en esos consultorios.
Y asegura que –según las estadísticas– un consultorio anexo eleva 50% las ventas a su farmacia, pues el principal negocio consiste en recetar al paciente los medicamentos que hay en la farmacia, para que los compre ahí. También es común que se le exija al médico recetar medicinas que vayan de determinado precio hacia arriba, para obtener más ganancias.
Relata el entrevistado: “Me ha tocado vivir esa experiencia: el dueño de una farmacia en la que yo trabajaba, en la Ciudad de México, por el rumbo de Six Flags, revisaba constantemente la caja registradora y luego me decía molesto: ‘Oiga doctor, no se le olvide que esto es un negocio, cada una de sus recetas debe estar arriba de los 400 pesos. Ya hago bastante con dar consultas baratas a tanto muerto de hambre’”.
El modelo empresarial de los CAF lo instauró, a finales de los noventa, la cadena Farmacias Similares, manejada por el empresario Víctor González Torres, conocido como Doctor Simi, quien para ese propósito creó la Fundación Best, “un mecanismo formal de reclutamiento de médicos para potenciar la venta de sus fármacos”, asegura el estudio Los médicos de Farmacias Similares: ¿degradación de la profesión médica?, elaborado por Marco Antonio Leyva Piña y Santiago Pichardo Palacios, investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana.
Modelo gerencial
Los consultorios de Farmacias Similares –agrega el estudio– “no van más allá de diagnósticos y expedición de recetas de los medicamentos que se consideren apropiados”, por lo que son un modelo “gerencial” donde el médico es “un empleado asalariado” que “pierde el monopolio del conocimiento experto y la autonomía en su trabajo”, para transformarse en un “trabajador residual”, producto de un “mercado nuevo y en expansión donde no existe competencia”.
Abunda la investigación: “La relación del médico Simi con el patrón está regulada por el derecho civil a través de un contrato de comodato. Por medio de este subterfugio legal se elude la relación laboral y se entra de lleno a un espacio flexible de trabajo, que dota de poder total a la empresa. No es siquiera una forma de subcontratación, es un espantoso encubrimiento de una relación de trabajo que deja en el desamparo jurídico a los médicos Simi, quienes carecen de personalidad legal para interponer cualquier querella laboral. De esta forma se hace tabla rasa de la Constitución mexicana y de la Ley Federal del Trabajo”.
González Torres –concluye la investigación– “aplica una estrategia de uso de mano de obra calificada gratuita, ya que su inversión se circunscribe a la instalación de los consultorios… un paraíso laboral para el empresario, que se mantiene libre de la posibilidad siquiera de una huelga o de negociaciones ante las instituciones que regulan el conflicto laboral”.
En la entrevista, Román Castillonájera señala que, a más de 20 años de haberse instaurado, la exitosa estrategia empresarial del Doctor Simi hoy es adoptada por otras cadenas farmacéuticas, como Farmacias del Ahorro, Farmacias San Pablo o Farmacias Benavides, pero también por una gran cantidad de farmacias independientes a esas cadenas.
Comenta el entrevistado: “El Doctor Simi abrió el camino a esta nueva forma de explotación, que está borrando del mapa a los pequeños consultorios manejados por el propio médico. Anteriormente era el sueño de muchos estudiantes de medicina abrir su propio consultorio al terminar la carrera. Abundaban esos consultorios. Pero eso se acabó. No puedes competir con la Farmacia del Ahorro. ¡Es imposible! Terminas por convertirte en su empleado”.
La explotación en los CAF –indica– puede tener algunas variaciones, dependiendo de cada farmacia, pues algunas optan por cobrar a 40 pesos la consulta para que de ahí sobreviva el médico, otras instauran la consulta gratuita y le pagan un salario muy bajo al profesional. “Pero el común denominador es que todas son prácticas monopólicas, sostenidas por la precarización del gremio médico”, asegura Román.
Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Farmacias de México (Anafarmex), actualmente ya existen 18 mil CAF en el país, en los cuales trabajan cerca de 36 mil médicos generales, quienes atienden alrededor de 10 millones de consultas al mes.
El pasado 16 de agosto, en conferencia de prensa, López-Gatell aseveró que los CAF “sólo buscan hacer negocio” y mantienen a los médicos en “condiciones laborales precarias”, aparte de que ya los convirtieron en “agentes de ventas de los medicamentos que se dan en las farmacias”.
Hizo la siguiente advertencia sobre estos consultorios: “No resuelven problemas de salud de mayor importancia; quizá resuelven una pequeña gripe, un dolor de cabeza, una diarrea, un problema de salud de corta duración que afecta a población sana. Pero para alguien que tiene diabetes, hipertensión o una enfermedad pulmonar o una enfermedad cardiaca crónica, como gran cantidad de la población, estos consultorios no van a resolver o incluso podrían poner en riesgo su salud o su vida”.
Pese a lo anterior, aceptó que a estos consultorios “no podemos cancelarlos de tajo”, pues el sistema de salud no tiene capacidad para atender a sus millones de pacientes. Por tal motivo, lamentó, sólo queda aplicarles una regulación “más estricta”.
Sobre este punto, comenta Román Castillonájera: “López-Gatell no dijo nada nuevo, pues ya sabemos cómo operan estos consultorios. Más bien dio un resbalón al admitir públicamente que el gobierno de López Obrador no puede cancelarlos. Se metió un autogol. Mire, la acelerada expansión de los consultorios adyacentes ya formó todo un sistema alterno al sistema de salud pública. ¡Imagínese! Le quita al gobierno la enorme presión de atender 10 millones de consultas al mes. Es una cantidad enorme, basta compararla con los 15 millones de consultas mensuales del IMSS, la institución con más derechohabientes en el país”.
–¿Le conviene entonces al gobierno mantener esos consultorios?
–¡Claro! Si no existieran, el sistema de salud pública ya se hubiera colapsado. De manera que no son los empresarios quienes generaron esta situación de mano de obra esclavizada, sino el gobierno, que no ha querido aplicarles la legislación en la materia. Les permite operar en la más completa ilegalidad simplemente porque le conviene mantener muy bajo el precio de las consultas. Si éstas se cobraran al monto que les corresponde, la mayoría de la gente se atendería en las instituciones públicas.
Según el entrevistado, el gobierno no ha querido aplicarles el artículo 41 del Reglamento para la Prestación de Servicios Médicos, en el que se estipula que tanto a la Secretaría de Salud como a la de Economía les corresponde fijar el precio de las consultas generales, en el sector público y en el privado. Por su parte, la Secretaría del Trabajo no hace nada para suprimir la explotación laboral contra esos médicos. Mientras que la Comisión Federal de Competencia Económica tampoco interviene para impedir las prácticas monopólicas de las farmacias.
“No tenemos ningún futuro”
A esta exigencia está sometido Gustavo N., egresado de la facultad de medicina de la UNAM, quien atiende diariamente, de manera gratuita, a entre 40 y 50 pacientes en una Farmacia del Ahorro localizada en la avenida Insurgentes Sur, de la Ciudad de México, a cambio de un sueldo fijo de 14 mil 500 pesos mensuales.
Estoy sujeto a muchas presiones, pues me exigen el mayor número posible de consultas, recetar antibióticos lo más que se pueda, y aparte estoy preocupado porque podrían despedirme en cualquier momento, ya que trabajo con contratos temporales de tres meses. Al firmar cada contrato firmo también mi renuncia. De mí dependen mi esposa y mis dos hijos. No tengo ninguna prestación, ni seguro social ni nada… Esto es para preocupar a cualquiera.”
Por su parte, la doctora María Eugenia M., egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guanajuato, no pudo sostener el consultorio médico que abrió en la ciudad de León, por lo que se vio orillada a trabajar en un CAF en esa misma ciudad.
Relata: “Mi ilusión siempre fue ejercer la práctica médica en un consultorio propio y hacerlo de manera independiente. Finalmente pude rentar un local para abrir mi consultorio. Pero no pude sostenerlo ni dos años. Mis pacientes se fueron para allá; no pude competir. Terminé por quebrar.
“Ahora llevo tres años trabajando en un consultorio de una farmacia privada. El dueño me paga 8 mil pesos mensuales, aparte obtengo lo que me puedan dar los pacientes, que es una cooperación voluntaria.”
Se queja el doctor Román Castillonájera –de 50 años y egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa– de lo difícil que es aglutinar a sus compañeros de los CAF para luchar por sus derechos, pues “temen perder lo poco que tienen” y ser despedidos de sus trabajos. “Ni siquiera hemos podido constituirnos formalmente en una asociación”, dice.
–¿Qué acciones intentarán tomar en esa asociación?
–Antes que nada, demandar a estas farmacias por sus prácticas monopólicas, pero también a las instituciones gubernamentales que las permitieron desde que surgieron los consultorios del Doctor Simi. Nosotros calculamos que nos han ocasionado pérdidas por 650 mil millones de pesos, al bajar desde entonces el precio de las consultas.
“Esos consultorios deben desaparecer ¡Son ilegales!”, concluye el doctor Román Castillonájera.
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