El gobierno del presidente estadunidense, Joe Biden, entregó este miércoles 17 de agosto al de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López O...
El gobierno del presidente estadunidense, Joe Biden, entregó este miércoles 17 de agosto al de su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, la solicitud formal de extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero.
“El pedido fue entregado a la Secretaría de Relaciones Exteriores por parte de la embajada de Estados Unidos en México”, indicó a Proceso la cancillería mexicana que se encuentra revisando los documentos anexados para sustentar la solicitud formal del capo mexicano.
La solicitud formal de extradición de Rafael Caro Quintero fue enviada a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por parte del Departamento de Estado del gobierno del presidente Joe Biden, pero fue elaborada por el Departamento de Justicia.
El pedido de enviar a Estados Unidos al capo sinaloense detenido el pasado 15 de julio, llegó acompañado de cuatro encausamientos judiciales como ya había adelantado Proceso en la edición 2389 que está circulando desde el fin de semana.
Los encauzamientos son, el primero, de la Corte Federal del Distrito Central en Los Ángeles, California, por su presunta colusión en el secuestro, tortura y asesinato de un agente federal (Enrique “Kiki” Camarena; de la DEA), narcotráfico y lavado de dinero.
El segundo, de la Corte Federal del Distrito Este en Brooklyn, Nueva York, por el presunto delito de conspiración para traficar drogas ilícitas de México a ciudades del estado donde se le acusa, luego de la confiscación de enervantes presuntamente trasegados por el acusado.
El tercer encausamiento, el de la Corte del Distrito Sur de Texas, por su presunta participación en un homicidio, el de una persona desconocida ejecutada (entre 1983 y 1984) en la ciudad de El Paso y cuyos restos fueron localizados en está locación gracias a una informante.
Esta acusación se deriva de las declaraciones que una persona no identificada hiciera hace unos 4 años ante una oficina federal (de la DEA o el FBI) en Arizona, afirmando que conocía en El Paso el lugar exacto donde Caro Quintero y secuaces enterraron el cadáver de un individuo.
El delator contó que los restos de la persona ejecutada y localizados en el lugar preciso que indicó, son de un hombre que presuntamente fue asesinado con varias descargas en el pecho de un arma Uzy y un disparo en el cráneo que presuntamente le diera con una pistola Caro Quintero.
Por el hecho de que los restos fueron localizados en El Paso y tras las pruebas forenses del estado que confirmaron que recibió varios disparos en el pecho y uno en el cráneo, fue el estado de Texas y no el de Arizona el que finca el delito de homicidio a Caro Quintero.
El último y cuarto encauzamiento que acompaña a la solicitud formal de extradición es la del Condado de Hidalgo, Texas, por el hecho de que en un pueblo de esa localidad, entre 1983 y 1984, hubiese sido ejecutada la persona cuyos restos fueron localizados en la ciudad de El Paso.
En la DEA era conocido el rumor o leyenda de que antes del caso de Camarena (en 1985) el padre de Rafael Caro Quintero fue asesinado por una persona en Texas, como consecuencia de una disputa relacionada por una mujer en un restaurante o cantina.
La historia sostenía que Caro Quintero juró localizar y matar al asesino de su padre, a quien entre 1983 y 1984 ubicó en El Paso, a donde acudió con sus pistoleros y lo ejecutaron con siete descargas en el pecho de la Uzy para que luego Rafael le metiera, ya muerto; otro tiro en la cabeza.
Tras las declaraciones del personaje que acudió a las oficinas de la agencia federal en Arizona y que todo lo que dijo coincidiera con el asunto del asesinato del presunto ejecutor del padre de Caro Quintero, el Condado de Hidalgo y el estado, Texas imputaron el delito de homicidio
En su conferencia mañanera del martes 16 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que será prerrogativa de la SRE y la Secretaría de Gobernación y no de él, determinar a qué estado se enviaría a Caro Quintero en caso de que se le extradite y que se agoten todos los recursos constitucionales que tiene para apelar su entrega.
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