Un juez federal ordenó la detención del exjefe de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procurad...
Un juez federal ordenó la detención del exjefe de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Procuraduría General de la República (PGR), Gualberto Ramírez Gutiérrez, por su presunta responsabilidad en el delito de tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, "El Cepillo", uno de los sicarios de Guerreros Unidos que participó en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
La orden fue solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR), heredera de la PGR, por los delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura, y fue autorizada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur.
Según la acusación, Ramírez Gutiérrez estuvo presente cuando "El Cepillo" fue torturado, asunto por el cual también hay orden de aprehensión contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio.
A finales de 2019, Ramírez también fue señalado por la fiscalía por formar parte de una presunta red conformada por servidores públicos federales, locales y empresarios para dañar a una de las familias más ricas del país.
Los 43 alumnos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, desaparecieron en la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala durante una protesta contra las autoridades locales.
La primera versión oficial fue que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos, como parte de un ajuste de cuentas entre grupos rivales, y que los sicarios los mataron, incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula, hechos refutados posteriormente por una nueva investigación.
La Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa reveló en octubre del año pasado que el Ejército mexicano tenía información sobre este caso desde 2014, como denunciaban las familias de las víctimas, y que no fue entregada pese a haber un decreto presidencial de 2018 que obligaba a ello.
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