Caso Narvarte: “Fiscalía y Sheinbaum solo atienden casos por beneficio político”

Este domingo 31 de julio se cumplen 7 años del multifeminicidio y homicidio en la colonia Narvarte, sin que la Fiscalía General de Justicia ...


Este domingo 31 de julio se cumplen 7 años del multifeminicidio y homicidio en la colonia Narvarte, sin que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) ofrezca avances sustanciales de la investigación y sin que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se acerque a los familiares de las víctimas.

Aunque el pasado 30 de marzo deudos de la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, la maquillista Yesenia Quiroz, la modelo Mile Virginia Martín, la activista Nadia Vera y el fotoreportero y colaborador de Proceso, Rubén Espinosa, y sus representantes jurídicos revelaron que en el crimen participaron dos personas más en un tercer auto y que hubo omisión de funcionarios de la entonces Procuraduría para hacer diligencias fundamentales, la investigación pareciera estar como “en el día uno”.

Leopoldo Maldonado, director regional de Article 19 para México y Centroamérica y representante jurídico de la familia de Rubén Espinosa, así como familiares de las víctimas reconocen que, aunque ha habido disposición al diálogo de la FGJ local y una reunión con la fiscal Ernestina Godoy, no ha habido ningún avance sobre los nuevos hallazgos que ellos mismos detectaron y le entregaron al Ministerio Público.


Aseguran que con los nuevos datos, que ya estaban en los videos que desde el inicio tiene la Fiscalía, “se rompió” la hipótesis de los tres asesinos solitarios y se dio cuenta de una operación “bien planeada y ejecutada”.


Y aunque las autoridades aceptan que la sospecha de más participantes en el crimen es factible, destacan que están sujetos a un nuevo peritaje que, a la fecha, no ha sido entregado.


Por ello, reiteran la petición que hicieron en marzo pasado: “De nuevo hacemos el llamado a acelerar el proceso. ¡Son 7 años ya! Ahora tienen suficientes elementos para avanzar”.


El crimen que cimbró a la CDMX y que tuvo repercusión a nivel nacional e internacional ocurrió la tarde del 31 de julio del 2015, cuando tres sujetos entraron al departamento 401 del edificio ubicado en el número 1909 de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.


Ahí torturaron a cuatro de las víctimas y luego les dispararon a todas. Del departamento sacaron una maleta negra, cuyo contenido hasta ahora no ha sido revelado, y se fueron en dos autos, uno de ellos propiedad de Mile, originaria de Colombia.


Tras 7 años, solo han sido detenidos y están en prisión tres personas: Abraham Torres, César Omar Martínez y Daniel Pacheco. Los dos primeros ya fueron sentenciados y el tercero impugnó la decisión de las autoridades judiciales.


Responsabilidades administrativas por omisiones

Leopoldo Maldonado destaca que, además de investigar para determinar quiénes fueron todos los autores y el móvil del crimen, la indagatoria de la Fiscalía debe atravesar por las responsabilidades administrativas y políticas de quienes iniciaron la averiguación, es decir, los entonces procurador Rodolfo Ríos, subprocurador Edmundo Garrido, y fiscal de Homicidios, Marco Reyes.


Y es que, según lo que los familiares de las víctimas y su coadyuvancia encontraron en marzo pasado, el Ministerio Público que tomó el caso desde el inicio –por orden de las mencionadas autoridades–, no solicitó a compañías telefónicas la sábana de llamadas que los tres detenidos se hicieron entre sí el día del crimen.


“Por falta de capacidad, negligencia grave o manipulación política de la evidencia no fueron solicitados esos datos y las empresas telefónicas, después de 24 meses, ya no están obligadas a guardarlas. Esa evidencia se perdió”.


Además, dice que estas mismas autoridades “sembraron una hipótesis que, a la fecha, sigue afectando y revictimizando” a las cinco personas y a sus familias. Se refiere al supuesto ajuste de cuentas que los agresores aplicaron contra una de las víctimas por un asunto de narcomenudeo.


Sin embargo, ni esa ni la hipótesis de las amenazas que recibieron Nadia y Rubén en Veracruz, por parte del gobierno de Javier Duarte, han sido suficientemente investigadas para confirmar o desecharse.


Veracruz, pendiente

Patricia Espinosa, hermana de Rubén, reconoce que recientemente el Ministerio Público hizo algunas diligencias en Jalapa, Veracruz, para analizar los expedientes de queja que la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz recibió de periodistas y activistas durante el gobierno de Javier Duarte, entre ellos por el desalojo en la Plaza Lerdo y por las amenazas a periodistas y activistas.


Esas diligencias fueron también para robustecer el análisis de contexto de la libertad de expresión en aquel estado. No obstante, reclama: “Ese es un paso que debió hacerse desde el inicio de la investigación, ¡no después de 7 años! No basta con corroborar que no había denuncias de Rubén, porque sabemos que él no confiaba en las autoridades. Se deben considerar otras fuentes, no solo las que están en Jalapa”.


Asegura que, después de la conferencia que dieron en marzo para revelar nuevos hallazgos, la fiscal Godoy los volvió a recibir –después de dos años– y se comprometió reforzar la investigación que apunta hacia Veracruz por la labor periodística y de activismo de las dos víctimas.


No obstante, acusa: “Seguimos con poca información de Veracruz, siguen con los análisis de los hallazgos que les dimos para corroborar que sean verdaderos y ver que más se puede encontrar… pero las declaraciones de los compañeros de Rubén no han sido tomadas en cuenta”.


Sobre esta línea de investigación, Leopoldo Maldonado agrega que las autoridades deben analizar “todo el contexto de macrocriminalidad del poder político y criminal” que involucra a Arturo Bermúdez Zurita, entonces secretario de Seguridad de Veracruz, y al mismo gobernador Duarte.


Además, deben seguir la investigación sobre las empresas de seguridad privada que tenía Bermúdez en la Ciudad de México, ubicadas muy cerca del edificio de la Narvarte, donde ocurrió el crimen.


Sheinbaum… mal precedente para campaña

Los entrevistados coinciden en que, aunque el crimen fue hace 7 años, desde hace 4 la investigación está en manos de la Fiscalía que dirige Ernestina Godoy, nombrada con anuencia de Claudia Sheinbaum, quien siempre le ha mostrado confianza y simpatía.


Patricia Espinosa reprocha directamente a la morenista porque en su gobierno “solo se atienden casos que la benefician políticamente, pero ella nunca se han involucrado en el caso Narvarte. Una vez dijo que nos iba a atender, ¡pero no hizo nada!”.


Agrega: “Ella aspira a la Presidencia de la República, pero si atendiera el caso Narvarte o tuviera acercamiento con las víctimas, tendría muchos puntos a favor. Sin embargo, nunca lo ha tenido, jamás ha habido una reunión de ella con nosotros. Solo apoya los casos que la hacen ver bien”.


Y lanza: “A mí me preocuparía que no se involucre. Y si llega a ser presidenta y solo le interesaran los casos que le beneficien a ella, no a los intereses de las víctimas, ¿entones, qué tipo de presidenta sería? Por lo pronto, a las víctimas del caso Narvarte no les ha cumplido”.

A 7 años de presionar a la Procuraduría y ahora Fiscalía para que cumplan su obligación de hallar la verdad y colaborar para que se haga justicia, agrega: “Estamos cansados de mentiras, de encubrimientos de funcionarios, pareciera que estamos iniciando porque las diligencias que hacen ahorita son las que debieron hacerse al principio. Parece que estamos en el en el pasado, no en el presente”.

Leopoldo Maldonado coincide al asegurar que en esta administración “esperaríamos tener resultados más contundentes y no que los familiares de las víctimas sigan aportando pruebas porque eso los ponen en riesgo, igual que a la coadyuvancia. A la Fiscalía le corresponde asumir ese compromiso”.

Y, de manera más clara, expresa preocupación porque la Fiscalía de Godoy Ramos atiende más rápido otros casos “por motivación política”, por ejemplo, la investigación del “Cártel Inmobiliario” y del Centro de Espionaje que operaron en la administración de Miguel Ángel Mancera, y deja de lado casos como el de la colonia Narvarte. “No atiende su obligación de garantizar justicia y reparación del daño”, reclama.

#No más mentiras

Con el lema #No Más Mentiras, este sábado familiares y conocidos de las víctimas realizaron una protesta en Jalapa, Veracruz, para exigir justicia en el caso. Mañana 31, a las 11 horas, realizarán la séptima edición del Festival “Arte para No Olvidarte”, frente al edificio donde Alejandra, Yesenia, Mile, Nadia y Rubén fueron asesinados.

Por la noche, harán una concentración llamada “Luces de la Memoria”, en el Zócalo capitalino, frente a Palacio Nacional y el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, para reiterar su llamado a que se haga justicia por el crimen.

El lunes 1 de agosto ofrecerán una conferencia afuera de las instalaciones de la FGJ local y esperarán a que el miércoles 3, la fiscal Godoy Ramos los reciba, como lo tienen programado.

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