Aunque el plan antiinflación anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo 4 de mayo evoca a los pactos y los cont...
Aunque el plan antiinflación anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para el próximo 4 de mayo evoca a los pactos y los controles de precios impulsados por Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, politólogos, economistas y analistas aseguran que este gobierno no enfrenta los problemas estructurales que padecía la economía mexicana entre 1987 y 1989.
En 2022 las estructuras económicas del país están sometidas a una escalada inflacionaria importada que debería mitigarse con más acciones de política pública, política monetaria, vigilancia frente a la especulación y no mediante pactos más simbólicos que efectivos. Los oligopolios son, además, un factor determinante en los precios históricamente altos que pagan los consumidores mexicanos, por lo que el combate a acuerdos colusivos sería otra forma de combatir la inflación.
Si bien son varios los factores externos que influyen en las alzas –energéticos caros, la guerra Rusia-Ucrania, los efectos pospandemia–, la economía mexicana padece altas concentraciones de mercado, en distintos sectores e industrias, que históricamente han impedido que existan más participantes como para que “las fuerzas del mercado” hagan su tarea y provoquen disminuciones de precios.
Esta concentración resulta favorable en los acuerdos que pretende concretar el gobierno para controlar precios, pues implica que tendrá que negociar con pocos actores en cada mercado/producto.
De acuerdo con el estudio Poder de mercado y bienestar social, de la Comisión Federal de Competencia Económica, la concentración en los mercados de la tortilla, pan, pollo y huevo, carne de res, lácteos, frutas, verduras, transportes aéreo y terrestre de pasajeros y materiales de construcción ha provocado que los hogares mexicanos paguen en promedio mil 500 pesos de sobreprecios.
Esto equivale a pagar un impuesto por falta o menos competencia que tiene un efecto negativo mayor en los hogares de más bajos ingresos, pues para ellos representa casi 31% de su gasto mensual, en tanto que para los de mayores ingresos se reduce a un “impuesto” de poco menos de 6%.
“Los sobreprecios derivados del ejercicio del poder de mercado no sólo perjudican a todos los hogares sino que dañan más a las familias más pobres, es decir, contribuyen de forma importante a acentuar la desigualdad del país”, establece el estudio elaborado por el académico Andrés Aradillas López, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad Estatal de Pensilvania.
Ahora, además, la economía nacional está sometida a un choque externo de precios provocado por los problemas de suministro de combustibles y granos como el trigo. Por esa razón, un plan antiinflacionario dedicado a proteger una veintena de productos que integran la canasta básica no tendrá impacto alguno en el rumbo de los precios ni en la trayectoria de la inflación que no cederá durante los próximos trimestres y que se extenderá hasta 2024. Por eso, el plan contra la inflación de López Obrador es un acto simbólico del gobierno lopezobradorista cuyo principal objetivo es enviar un mensaje político a sus audiencias y a sus electores de que a su gobierno sí le preocupa el efecto pernicioso de la inflación sobre la economía de las clases menos favorecidas.
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