El 2 de diciembre de 2021, dos meses antes del asesinato de Roberto Toledo Barrera, el subdirector del portal Monitor Michoacán, Joel Vera T...
El 2 de diciembre de 2021, dos meses antes del asesinato de Roberto Toledo Barrera, el subdirector del portal Monitor Michoacán, Joel Vera Terrazas, compareció ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República, y denunció las amenazas de muerte en su contra y contra el director del medio digital de noticias, Armando Linares López. Nadie los ayudó.
Vera Terrazas dijo al Ministerio Público federal que los amagos provenían de funcionarios y políticos vinculados al exgobernador perredista Silvano Aureoles Conejo.
El directivo del portal dio nombres, números telefónicos y mostró las amenazas, entre otras evidencias, pero nada ocurrió. El 31 de enero último a las 13 horas fue asesinado Toledo Barrera, a manos de tres jóvenes no mayores de 30 años; uno de ellos le disparó ocho veces.
En la querella por las amenazas Vera señaló a varios políticos y funcionarios (folio de investigación 100053/2021), de quienes –aseguró– conoce actos de corrupción y vínculos con grupos del crimen organizado que han sido denunciados por el portal Monitor Michoacán.
En sus publicaciones, el medio digital exhibió contratos, fotografías de obras inconclusas, un supuesto negocio millonario en el basurero municipal de Zitácuaro y actos de corrupción en una casa del adulto mayor, entre otros temas en los cuales Toledo participó en su documentación.
En la denuncia que Joel Vera interpuso ante la FEADLE, cuya copia posee Proceso, destacan los nombres del fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís; del alcalde por segunda vez de Zitácuaro, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela; del excandidato a gobernador por el PRD Carlos Herrera Tello y de la diputada local por el distrito 13, Rocío Beamonte Romero.
Cuando Ixtláhuac fue alcalde por primera vez de Zitácuaro, por el PRD en mayo de 2009, la entonces Procuraduría General de la República lo denunció –junto con otros 38 funcionarios estatales– por presuntos vínculos con el narcotráfico en el caso llamado Michoacanazo. Fue liberado el 9 de enero de 2010. El presunto vínculo era con La Familia Michoacana.
Relación letal
El director de la Oficina para México y Centroamérica de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, considera que los principales agresores de la prensa son el Estado y sus grupos aliados del crimen organizado.
En casos como el de Roberto Toledo, dice Maldonado, es importante que la investigación considere el contexto local. “De la compenetración que se ha dado entre crimen organizado y gobierno durante décadas es donde encontramos las claves para analizar los casos específicos de violencia letal contra la prensa; y es a donde no están llegando las investigaciones por la falta de independencia de los órganos de investigación”.
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