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El proyecto de iniciativa de reforma administrativa, que plantea la fusión o eliminación de 16 órganos desconcentrados y descentralizados, refleja la intención del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, de concentrar más poder y reorientar el gasto hacia sus programas prioritarios, lo cual, de concretarse, traería graves consecuencias, por tratarse de instancias vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales, consideraron especialistas en la materia.
Lourdes Morales Canales, coordinadora de la Red de Rendición de Cuentas, expuso que, aunque en el proyecto de iniciativa que circula desde hace varios días sobre los escritorios de funcionarios de organismos señalados para fusionarse o desaparecer, se dice que la justificación es la austeridad y evitar la duplicidad de funciones, se trata de un intento de concentración de poder, pues, si se reubican a secretarías de gobierno, quedarían bajo la autoridad de secretarios que solo rinden cuentas al presidente.
Además, no se ha mostrado hasta hoy, una justificación más allá de que, “de un plumazo”, se decidió que esos organismos son estorbos, añadió.
Lo delicado, abundó, es que, si no se justifica su desaparición y se garantiza que la tarea que realizan hasta ahora la hará alguien más, se estaría haciendo política sólo a partir de intuición y no a partir de evidencia.
“Al parecer es una decisión tomada a rajatabla” que puede traer como consecuencia quedarnos sin información técnica fundamental para tomar decisiones en áreas específicas de la función pública, señaló.
Por su parte, Marco Antonio Fernández Martínez, investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, afirmó que lo que explica que el presidente pretenda eliminar esos organismos, es que se está quedando sin dinero para sus programas prioritarios.
Literalmente está buscando cualquier recurso que le ayude a juntar el dinero para seguir financiando programas que le sirven políticamente y que está demostrado que sus efectos son limitados, pero son políticamente rentables, refirió
El también investigador del centro de pensamiento y análisis México Evalúa, dijo que lo preocupante es que no hay un diagnóstico que justifique el por qué los quiere fusionar o desaparecer.
Destacó que, en términos políticos, es una decisión muy hábil, porque la gente piensa que el gobierno es sinónimo de desperdicio y, aprovechándose de eso, López Obrador construye en el imaginario social para explotar políticamente la medida y seguir con la narrativa de una supuesta austeridad y, al mismo tiempo, tener dinero para financiar programas que le generan dividendos electorales.
Lo grave, continuó, es que sigue deteriorando la capacidad del gobierno federal para poder realizar sus funciones y eso, inevitablemente, repercutirá en el bienestar de las personas.
En ese sentido Lourdes Morales Canales expuso que la gracia de los organismos desconcentrados y descentralizados es que, al tener cierta independencia y competencia, aunque están dentro de las facultades del poder Ejecutivo, al menos tienen autonomía de decisión.
La también profesora en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), mencionó que se trata, en primer término, de instituciones especializadas que fueron creadas para cumplir con un fin específico, que si bien, no son tan conocidas, generan información básica para la toma de decisiones. Además, subrayó, están vinculadas al ejercicio de derechos fundamentales.
En ese sentido, alertó que lo inquietante es que su desaparición o reubicación se daría en medio de una crisis de violaciones constantes a derechos humanos y en un momento en el que el gobierno considera el ejercicio de garantías fundamentales como algo frívolo y una imposición desde afuera del país.
Genera preocupación y alerta, intención de desaparecer Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción
De acuerdo con el proyecto de iniciativa, el gobierno federal ”ha emprendido una profunda revisión del gasto de la Administración Pública federal”, y “revisado la estructura operativa de la Administración Pública que necesita una simplificación y actualización a través de procesos de fusión o eliminación de órganos administrativos desconcentrados y descentralizados, cuya existencia ya no resulta conveniente desde el punto de vista económico, nacional o del interés público, por lo que se propone llevar a cabo una reingeniería que permita ejercer el presupuesto destinado a la estructura de manera responsable, eficiente y eficaz, con base en el principio de austeridad”.
El único organismo que se pretende eliminar es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA).
Concretamente plantea que “tanto la Comisión Ejecutiva como la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción pueden realizar funciones de manera directa con el Comité Coordinador, que conforme al marco jurídico vigente ejercen a través de la Secretaría Ejecutiva del mencionado sistema”.
Al respecto Francisco Raúl Álvarez Córdoba, presidente del Sistema Nacional Anticorrupción, explicó que la SESNA es la columna vertebral del SNA que da soporte y apoyo al Comité Coordinador (CC) integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), la Fiscalía Anticorrupción, el Consejo de la Judicatura Federal y un representante del CPC.
Para ejemplificar el trabajo de la SESNA expuso: “Supongamos que la convivencia entre personas, servidores públicos y empresas se da en una cancha de futbol, donde, además de jugadores, también hay árbitros, que serían los integrantes del CC, que son los encargados de velar porque el juego se realice con apego al reglamento y sancionar y castigar y está el VAR, donde están personas que analizan la actuación de los árbitros y realizan recomendaciones para que su desempeño sea el óptimo. Este último sería lo que realiza el CPC. Para que eso sea posible es necesario contar con un equipo técnico que disponga de los recursos para que, tanto los árbitros, como los jugadores, y los observadores, seamos capacitados con los elementos para que el sistema funcione y eso es lo que hace el SESNA”.
Dijo que el elemento que da congruencia y sentido al engranaje que constituye el SNA es precisamente la SESNA. “No contar con ella sería como no contar con cancha, ni horario para jugar, reglas, ni acceso a capacitación de los árbitros que participan en el juego”.
Álvarez Córdoba aseveró que la SESNA da sentido y congruencia a las acciones en materia de control y combate a la corrupción.
Expuso que, entre los logros que ha generado la SESNA están la construcción de una Política Nacional Anticorrupción, que es como una brújula para guiar los esfuerzos de las distintas instancias de gobierno y otros poderes.
Asimismo, ha permitido identificar prioridades que tienen que ver con combatir la corrupción y la impunidad, la arbitrariedad y el abuso del poder e incorporar la participación ciudadana en la vigilancia y colaboración interinstitucional.
También es la encargada de promover la Plataforma Digital Nacional y de la puesta en marcha de los seis sistemas que la conforman, con el fin de contar con un centro de inteligencia digital para combatir la corrupción, añadió.
Al preguntarle si las tareas que realiza hoy la SESNA las puede realizar la Comisión Ejecutiva y el CC, como lo propone el proyecto, dijo: la SESNA goza de autonomía presupuestaria, técnica y de gestión, lo cual no la subordina a ninguna otra instancia del sistema. Si estas tareas fueran absorbidas por la Comisión Ejecutiva, que está integrada por representantes del Comité de Participación Ciudadana, lo que sucedería es que subordinaría las acciones de la sociedad civil a cualquier acto de autoridad de los árbitros.
Eso sería contrario al espíritu con el cual fue diseñado el sistema, donde se busca poner al centro de la actuación pública ciudadano, ya que por eso el presidente del Comité de Participación Ciudadana preside el Comité Coordinador, añadió.
Además, remarcó, desaparecer de tajo a la SESNA trastocaría la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción
Expuso que, si bien, el sistema es perfectible, los cambios que se le quieran hacer deben hacerse a través de un debate público.
Desde la perspectiva de Álvarez Córdoba, la intención de desaparecer la SESNA tiene que ver más con desconocimiento de lo que hace y sus logros, por lo que, subrayó, ante hecho de que el presidente haya dicho recientemente que se revisará caso por caso la situación de los organismos a fusionar o desaparecer, en el Comité de Participación Ciudadana ya se han “apuntado” a explicar qué hace la SESNA y porqué es importante, y para eso ya tocan puertas de legisladores.
En su opinión, debería hacerse un parlamento abierto, donde haya una discusión seria, con criterios no solo de racionalidad económica, sino de utilidad social, estructural y normativa.
Por su parte Luis Pérez de Acha, exintegrante del Comité de Participación Ciudadana del SNA manifestó que habría que reflexionar si el intento de desaparecer el SESNA es una desarticulación de los esfuerzos por combatir la corrupción en el país, que puede ser alimentada desde el gobierno del presidente López Obrador, quien, desde que estaba en campaña, se había referido al Sistema Nacional Anticorrupción como una estructura disfuncional y onerosa.
En esa parte podríamos ver una desarticulación inducida fomentada por el gobierno federal, aunque con el nombramiento de los nuevos integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que faltaban se mandó una señal que va para adelante, añadió.
Advierten consecuencias
Los especialistas en asuntos de anticorrupción consultados por este periódico, llamaron la atención sobre las consecuencias que traería desaparecer la SESNA.
Marco Antonio Fernández Martínez planteó que sería lamentable, porque es la instancia encargada del trabajo técnico que permite no solo tomar decisiones, sino el cruce de información necesaria para articular el trabajo de los integrantes del sistema.
Destacó que esa instancia es la que se encarga de analizar y recabar la información sobre los resultados de las instituciones que tienen funciones de anticorrupción.
Puso como ejemplo el trabajo de sistematización de la información de los presupuestos que las distintas dependencias de gobierno ejercen, a través del llamado Anexo Transversal Anticorrupción. Si desaparece la SESNA ese trabajo quedaría incompleto.
En tanto, Lourdes Morales Canales, recordó que a la SESNA se le llama el Coneval del SNA, precisamente porque es el encargado de realizar todas las estadísticas y todos los parámetros, para que todos los involucrados en el sistema cuenten con la misma información, tanto de la Política Nacional Anticorrupción, como los indicadores que permiten verificar si se está combatiendo realmente la corrupción, además de ser la encargada de manejar la Plataforma Digital Nacional del SNA.
Al debilitar el corazón del sistema, sin dar a cambio una respuesta a cómo se va a realizar el trabajo que hoy hace la SESNA y cómo se va a fortalecer la Comisión Ejecutiva, lo único que pasará es que se estará dando un tiro al corazón del SNA y se debilita la posibilidad de medir, recalcó.
La académica dijo que el SNA es un sistema que no ha acabado de nacer y ha enfrentado constantes boicots y obstáculos para su operación.
Subrayó que, en el proyecto de iniciativa, se establece que las funciones que actualmente realizan 74 personas serían realizadas por la Comisión Ejecutiva del SNA, pero no se tiene claro si se hará una nueva reforma para garantizar la suficiencia presupuestaria.
De aprobarse en el congreso la desaparición del SESNA, el sistema quedaría debilitado y sin posibilidad de mayor coordinación. “Esto sería un paso más para dinamitar el Sistema Nacional Anticorrupción”, cosa que, si ocurre, quedaremos como antes: descoordinación entre instituciones claves de la rendición de cuentas y la impunidad y constantes violaciones a los derechos humanos, abundó.
Llaman a dar la batalla por el SNA
Por otra parte, Luis Pérez de Acha, dijo estar convencido de que es necesario dar la batalla por el SNA. “Es una conquista constitucional y sería inconveniente desbaratarla”.
Marco Antonio Fernández Martínez mencionó que es relevante dar la lucha por el SNA, lo cual no se está haciendo. En su opinión es sintomático que las propias instituciones que forman parte del sistema no la defiendan como se esperaría.
Incluso, recordó que, el pasado 27 de enero, durante la primera sesión ordinaria de 2022 del Comité Coordinador del SNA, el todavía expresidente del CPC, Francisco Ciscomani Freaner, (quien dejó el cargo el pasado 7 de febrero), destacó la importancia del SESNA y manifestó su preocupación por la intención de desaparecerla.
“La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción ha demostrado por mucho ser una institución eficiente no solamente en términos presupuestales sino en términos de logros, en la construcción de un Sistema Nacional Anticorrupción” dijo.
Ante los titulares de la ASF, INAI, Fiscalía Anticorrupción, SFP y del TFJA, que lo seguían de manera virtual dijo: “Yo quisiera plantearles esta situación, reflexionar con ustedes, y realmente ver si eventualmente, no de forma oficial, pero podemos hacer un exhorto para que se repiensen estas iniciativas y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción prevalezca como lo ha hecho hasta ahora, haciendo un trabajo sistemático, un trabajo que nos sirve, un trabajo contundente que nos auxilia”. Nadie lo secundó.
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