Óscar Gregorio Herrera Perea, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, ordenó cancel...
Óscar Gregorio Herrera Perea, Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, ordenó cancelar el proceso que le iniciaron al abogado Juan Collado por un presunto desvío de 13.7 millones de pesos en agravio del Gobierno de Chihuahua debido a un error en la investigación.
De acuerdo con información de Reforma, el juez concedió el amparo al famoso abogado contra la vinculación a proceso que le dictaron el 6 de septiembre de 2020 por el delito de peculado.
La información señala que el motivo detrás de la cancelación de proceso se atribuyó a que, con base en lo previsto en el artículo 270 del Código Penal de Chihuahua, "se exige como condición esencial que el imputado sea servidor público" y Collado no lo es.
Por lo que el medio señaló que la Fiscalía del Estado de Chihuahua "imputó al litigante un ilícito equivocado".
Por lo anterior Herrera Perea ordenó a la Jueza de Control del Distrito Judicial Morelos, en Chihuahua, "llevar a cabo una nueva audiencia para que determine que Collado no es funcionario y, por tanto, no puede ser procesado por el delito imputado".
"En este caso no se configura ninguno de los delitos del catálogo de servidores públicos, que pueden ser fincados a particulares; pero además, aunque existiera esa lejana posibilidad, ya todos están prescritos porque los hechos son de 2013 y la Fiscalía acusó en 2020, el plazo medio aritmético es de seis años para que puedan imputarlo y ya venció", dijo Mauricio Flores, defensor de Collado.
La FGE tendrá un total de 10 días para impugnar la sentencia emitida.
Cabe destacar que Collado aún tiene tiene otros tres proceso de carácter federal que están en trámite, sin embargo este es el primero que le otorgan "sin efecto"
Caso Collado-Duarte
"El litigante fue imputado de presuntamente coludirse con funcionarios del Gobierno de César Duarte para simular un contrato y desviar 13 millones 780 mil pesos, entre enero de 2013 y marzo de 2014.
Se trata de un contrato suscrito por la Secretaría de Hacienda estatal con el abogado para que su despacho proporcionara servicios profesionales de asesoría jurídica en materia de controversias constitucionales".
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