Una kilométrica barrera de vehículos policiales a lo largo de la frontera. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dado este miércoles un p...
Una kilométrica barrera de vehículos policiales a lo largo de la frontera. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha dado este miércoles un paso más en su exhibición de mano dura frente a la última crisis migratoria. El político republicano ha redoblado la seguridad en los alrededores del puente que une Del Río y Ciudad Acuña, en México, y ha ordenado el despliegue de cientos de patrullas para “crear un muro de acero”, dijo, y contener a los miles de migrantes haitianos que se agolpan a orillas del río Bravo. La drástica medida se suma a las dramáticas imágenes de las persecuciones y las capturas de los agentes fronterizos, que serán investigadas por el Departamento de Seguridad Nacional.
La intransigencia mostrada por Abbott, fiel al expresidente Donald Trump y uno de los principales defensores de su proyecto del muro, se enmarca además en la búsqueda de un enfrentamiento político con Joe Biden. Este miércoles el gobernador ha mantenido que se vio obligado a reforzar el dispositivo policial “ante la ausencia del Gobierno federal”. “Texas está asegurando la frontera”, ha proclamado, mientras uno de sus hombres fuertes, el teniente Christopher Olivarez, del departamento de seguridad pública de ese Estado, advirtió: “No los estamos atrapando para liberarlos, lo que hacemos es atraparlos y meterlos en la cárcel”.
Detrás de esta sobreactuación -a la que se suman de un lado la petición de la declaración del estado de emergencia en Texas y de otro la indignación por la mano dura de Abbott-, el drama de los cerca de 15.000 migrantes haitianos que hace una semana cruzaron la frontera no cesa. La Administración de Biden, en realidad, ya ha empezado la deportación. Decenas de personas han sido devueltas a Haití y, a falta de definición sobre el operativo, otras cientos esperan su traslado a otros países como Chile o Brasil. Los migrantes partieron de Sudamérica después de que el pasado 3 de agosto Washington ampliara los plazos para acogerse a un programa de protección temporal conocido como TPS. La medida solo afecta a los haitianos que ya se encuentran en territorio estadounidense, pero provocó una especie de efecto llamada como ya ocurrió a finales de 2020, tras la derrota de Trump y las expectativas generadas por la nueva Administración demócrata.
La emergencia migratoria supone un nuevo reto humanitario para México, que desde hace meses ya afronta una crisis en la frontera sur. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, declaró que los migrantes “no están solicitando ser refugiados en México, salvo un pequeño porcentaje. Lo que están pidiendo es que se les deje libre el paso hacia los Estados Unidos”. Aun así, el paso fronterizo de Ciudad Acuña, en el Estado de Coahuila, corre el riesgo de convertirse en un embudo como ya ocurrido en otros municipios fronterizos. Ebrard ya ha conversado por teléfono con el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y los dos se emplazaron a una reunión este fin de semana durante la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.
Blinken ha hablado también con el primer ministro de Haití, Ariel Henry, para abordar la “la repatriación segura y los desafíos de la migración irregular”. El país caribeño, sumido en una crisis permanente desde hace décadas, afronta uno de los peores momentos de los últimos años tras sufrir un devastador terremoto en agosto. Esa tragedia se añade a la profunda inestabilidad política generada por el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio.
México, que es al mismo tiempo puerta de entrada de los flujos migratorios procedentes de Centroamérica y de salida hacia Estados Unidos, reclama un mayor compromiso económico de Washington y más implicación regional para no llevar todo el peso de las crisis. Esta misma semana el presidente, Andrés Manuel López Obrador, volvió a dirigirse a Biden para solicitar nuevas inversiones en programas sociales. La Casa Blanca, sin embargo, tiene otro enfoque de cooperación, que supedita el desembolso de fondos al desempeño de los países receptores. En cualquier caso, las autoridades estadounidenses, empezando por la vicepresidenta Kamala Harris y el propio Blinken, aseguran que están buscando fórmulas de colaboración con los Gobiernos de la región. “La migración irregular supone graves riesgos para los migrantes y sus familias. Es un desafío que estamos trabajando con nuestras contrapartes en la región”, comunicó el secretario de Estado tras conversar con su homólogo mexicano.
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