Policías enfrentarán hasta 42 años de cárcel por extorsionar a Ciudadanos con la Nueva Ley Contra la Extorsión

  Ciudad de México, 14 diciembre de 2025. La recién aprobada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Ext...

 

Ciudad de México, 14 diciembre de 2025.

La recién aprobada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión establece penas de hasta 42 años de prisión para servidores públicos que incurran en actos de extorsión, incluyendo policías federales, estatales, municipales, agentes de vialidad y personal de aduanas. Con esta medida, el Congreso busca enviar un mensaje contundente contra la corrupción institucional y garantizar que quienes abusen de su cargo enfrenten sanciones ejemplares.

De acuerdo con investigaciones recientes, 937 elementos municipales y estatales se encuentran bajo proceso por actos de corrupción, entre ellos exigencia de “mordidas” y detenciones arbitrarias. Transportistas han denunciado que en retenes carreteros algunos policías y miembros de la Guardia Nacional llegan a exigir hasta 15 mil pesos por cada detención ilegal, mientras que empresarios reportan cobros indebidos en aduanas para permitir el paso de mercancías.

La nueva legislación homologa el delito de extorsión en las 32 entidades federativas y endurece las sanciones contra servidores públicos, buscando frenar la corrupción desde dentro de las instituciones. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana complementa esta acción con la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que incluye la creación de Unidades Antiextorsión locales, protocolos de atención a víctimas y fortalecimiento del número 089 para denuncias anónimas.

Consejo a la ciudadanía

En caso de ser víctimas de extorsión por parte de policías o agentes:

• No realizar pagos ni negociar con los responsables.

• Denunciar de inmediato al número 089 o ante la Fiscalía correspondiente.

• Registrar detalles del hecho (lugar, hora, nombres, placas o características de los agentes).

• Buscar acompañamiento legal y apoyo en organizaciones civiles.

• Visibilizar el caso en canales oficiales y comunitarios para proteger a otros ciudadanos.

En síntesis: La nueva ley no solo endurece las penas contra el crimen organizado, sino que coloca bajo la lupa a policías y agentes que traicionan su deber. Con sanciones de hasta 42 años de cárcel, el Estado busca recuperar la confianza ciudadana y erradicar la extorsión institucional.