Termina la parálisis del INAI después de cinco meses

 Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminaron con la parálisis del Instituto Nacional de ...

 Los ministros de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminaron con la parálisis del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), al aprobar en su sesión de ayer que el pleno del órgano autónomo puede sesionar de manera extraordinaria con únicamente cuatro de sus siete integrantes.


Después de 145 días, el INAI retomará sus sesiones para abordar la resolución de más de 8 mil pendientes que se han acumulado desde el pasado 31 de marzo.


El pleno de la Suprema Corte aún debe resolver qué pasará con el nombramiento de los tres comisionados pendientes y la posible omisión del Senado de la República al respecto, un proceso que no ha podido avanzar en la Cámara alta por los ataques del Poder Ejecutivo.


El fallo del Máximo Tribunal del país es el resultado de una reclamación interpuesta por el INAI contra la ministra Loretta Ortiz, quien negó previamente al organismo sesionar con cuatro comisionados.



Tras la admisión a trámite de la controversia constitucional del INAI en abril pasado, donde denunciaba la omisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la designación de los tres comisionados faltantes, se resolvió a favor del órgano autónomo, pero la ministra Loretta Ortiz Ahlf no otorgó la suspensión al INAI, argumentando que no existía un motivo válido para suspender temporalmente la aplicación del artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establece la composición y quórum mínimo del pleno del Instituto para poder sesionar.


El argumento de la ministra fue duramente criticado ya que el artículo 6º constitucional establece el acceso a la información pública como un derecho fundamental de todos los mexicanos.


El artículo 6º señala que “el derecho a la información será garantizado por el Estado” por lo que se debe fortalecer la garantía individual de acceso a la información pública; para que, a través de procedimientos sencillos y expeditos, se pueda obtener la información pública y evaluar el desempeño de las acciones u omisiones de las autoridades.


Después de casi cinco meses de parálisis y mucho conflicto, finalmente el proyecto de resolución presentado por el ministro Javier Laynez Potisek, que permite al INAI sesionar con cuatro comisionados, fue respaldado por el ministro Luis María Aguilar Morales y Alberto Gelacio Pérez Dayán, mientras que Yasmín Esquivel votó en contra y Loretta Ortiz se ausentó de la sesión.


Voces opuestas

A los pocos minutos de la resolución de la Corte, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, celebró la medida.


“La resolución del Alto Tribunal da muestra de su compromiso con la vigencia de la democracia constitucional, al restablecer la garantía plena y efectiva del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, en beneficio de las mexicanas y los mexicanos.


“Reconozco la resolución de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos permitirá continuar garantizando el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos de acceso a la información y de protección de datos personales”, escribió en sus redes sociales.



Por su parte, el INAI señaló que la resolución de la Corte fue una muestra de la importancia del equilibrio de poderes para hacer respetar la Constitución.


Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que respetaría la decisión de la Corte a pesar de que en el pasado había acusado al INAI de “simular” y “ engañar” a la sociedad.


“Lo que decidan no tiene que ver con nosotros. Ya saben cuál es mi opinión sobre estos organismos que crearon, todos los fueron constituyendo para simular de que se iba a combatir la corrupción, de que iba a haber transparencia, de que iba a haber justicia. Entonces ya basta de simular. ¿Díganme algo importante que hayan hecho? Yo no voy a plantear que desaparezca. Ellos tienen que tomar ahí una decisión, pero sí son excesos”, dijo el político tabasqueño.


Buena noticia para el sistema político

Juan Carlos Montero Bagatella, profesor de Transformación Pública del Tec de Monterrey, opina que la decisión de la Corte es una buena noticia no solo para el INAI y la transparencia, sino, para todo el sistema político mexicano ya que muestra a un Poder Judicial robusto y firme.


“Sin duda es una buena noticia para la democracia mexicana, para los organismos autónomos y muestra al Poder Judicial firme, que no se deja intimidar, que no se deja hostigar ni por parte del presidente ni por otros actores como el gobernador de Veracruz”, opina.



El especialista además considera que la resolución de la Corte marca un nuevo round en la confrontación entre los poderes Ejecutivo y Judicial.


“La determinación de la Corte es sin duda un nuevo golpe al Gobierno de López Obrador y marca un paso más en la confrontación que tiene contra el Poder Judicial.


“La estrategia del presidente López Obrador contra la transparencia era mantener congelado al INAI y definitivamente lo había logrado, la estrategia había funcionado muy bien, pero ya no más”, concluye.


Los rezagos de la transparencia

En su nueva etapa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) requiere 161 sesiones para desahogar los 8 mil 236 asuntos que acumuló durante su fase de inoperancia sustantiva.


El organismo resolvió 51 asuntos por sesión en promedio en 2021 y 2022, de acuerdo con sus propios informes de labores.


Después, el 1 de abril pasado, se quedó con solo cuatro de los siete comisionados que lo deben integrar por ley y empezó una fase de inacción sin precedentes en su historia de más de dos décadas.


Cada mes que el INAI dejó de sesionar, dejaron de resolverse unos mil 600 recursos de impugnación sobre protección de datos personales y acceso a datos públicos; además, quedaron pendientes decenas de procedimientos administrativos y sanciones, entre otras resoluciones que son facultades del órgano autónomo.

De acuerdo con la ponencia de la comisionada Norma Julieta del Río, en este universo de pendientes, predominan los recursos de revisión por acceso a la información con 6 mil 440, mientras que otros mil 383 corresponden a datos personales.


La fase de inoperancia se inició justo cuando el número de solicitudes de datos personales presentó un incremento de 47.1 por ciento, entre 2021 y 2022, hasta llegar a una cifra histórica.


Mientras el pleno del INAI se mantuvo en pausa, la resistencia histórica a entregar información pública se fortificó.


Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los sindicatos y los partidos, guardaron en sus archivos información clasificada sin que los ciudadanos pudieran exigir su liberación.


De acuerdo con el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados de los Sujetos Obligados del ámbito federal, 127 mil 897 asuntos quedaron bajo reserva con fechas hasta 2024 o después; es decir, cuando la administración de Andrés Manuel López Obrador haya concluido.



Entre esos expedientes hay asuntos fundamentales en la historia reciente de México como el expediente de Odebrecht en cuanto a la refinería de Tula, Hidalgo; el de la fuga de Joquín “El Chapo” Guzmán del penal El Altiplano, el del asilo que México le brindó a Evo Morales o algunas decisiones del Instituto Nacional de Migración.


El número de asuntos bajo reserva puede ser más grande porque en el segundo semestre del año pasado, 31 sindicatos dejaron de reportar información a este Índice. El INAI no los requirió dado su periodo sin sesiones.


Momentos que marcaron la historia

Tres momentos resultaron cruciales para la fase crítica que vivió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y que concluyó ayer 23 de agosto con la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sesione con solo cuatro de sus siete comisionados.


El primer suceso en esta historia fue el 8 de enero de 2021 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó por primera vez su deseo de incorporar al órgano de la transparencia mexicana a la Secretaría de la Función Pública.


“Fast track, así, rápido, que se esté obligado a en 72 horas entregar la información, que no haya reservas, transparencia completa y que el funcionario que no entregue en tiempo sea sancionado”, expresó.

Luego, el segundo momento determinante se dio el 15 de marzo de 2023, cuando el primer mandatario bloqueó la selección de dos nuevos comisionados con el argumento de que no se había actuado de manera correcta en el proceso.


Al mismo tiempo, Francisco Javier Acuña Llamas, fundador y expresidente del organismo, concluyó su encargo, con lo que el pleno se quedó con tres vacantes.


Un mes después, el 17 de abril, legisladores de oposición tomaron la tribuna del Senado para promover los nombramientos faltantes en el Instituto.


Ante ello, el presidente López Obrador le pidió a Morena y partidos afines que pararan el reloj legislativo durante dos meses porque el INAI debía desaparecer. La mañana del 18 de abril el presidente ratificó su intención.


“Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada, de tantas que hay, ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción … Esos mil millones al año se utilicen para apoyar a personas que lo necesiten”, expresó.



Pese a todas las acciones en su contra, el INAI continuó con su vida en lo público. No solo promovió la controversia ante la SCJN para que le permitiera sesionar con solo cuatro comisionados; sino que mantuvo abiertas 37 contrataciones que vencerán entre el 31 de diciembre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025, de acuerdo con una localización de sus erogaciones en Compranet.


Los contratos más grandes son por arrendamiento sin opción a compra de equipo de telecomunicaciones de voz y datos por 69 millones 918 mil 696 pesos y de solución de seguridad perimetral por 42 millones 918 mil 696 pesos. Los dos vencerán en el año nuevo de 2025.


Ayer, el organismo creado en 2002 (en ese momento IFAI) como garante del acceso a la información pública, salió de un pasmo sin precedentes que duró casi cinco meses.


El calendario político marca su nueva etapa con las elecciones presidenciales de 2024 y la conclusión del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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