Por tercera vez en lo que va de su administración, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, incumplió su obligación constitucional de e...
Por tercera vez en lo que va de su administración, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, incumplió su obligación constitucional de elaborar y publicar el Plan General de Desarrollo (PGD) y los programas que dependen de éste, para establecer las bases y políticas públicas que marquen hacia dónde debe ir la capital del país durante los próximos 20 años y con ello evitar que siga su crecimiento caótico, al capricho de intereses comerciales privados y del partido político en turno.
De acuerdo con urbanistas, abogados, activistas y constituyentes, la morenista y los funcionarios propuestos por ella para crear dicho plan han cometido errores jurídicos y de procedimiento que a principios de diciembre pasado derivaron en el fracaso de la consulta pública ordenada para tal fin; peor aún, violando los derechos humanos de los capitalinos.
Luego de ese fiasco, que ella misma consideró un proceso “acelerado” y con errores, la mandataria envió al Congreso local una iniciativa para hacer modificaciones constitucionales relacionadas con los plazos del plan, aunque para los críticos es “equivocada e insuficiente”. De aprobarse la iniciativa, Sheinbaum ya no respondería por ello, pues para entonces ya habría dejado la jefatura de Gobierno en busca de la candidatura de Morena para la elección presidencial de 2024.
El 5 de diciembre de 2018, cuando Sheinbaum juró cumplir y hacer valer la Constitución Política de la Ciudad de México promulgada en 2017, se comprometió a la creación de lo que marca el artículo 15: el Plan General de Desarrollo y, derivado de éste, el Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT).
Se trata de dos instrumentos estratégicos de planeación para hacer efectivas las funciones social, económica, cultural, territorial y ambiental de la ciudad y darle un rumbo ordenado durante las siguientes dos décadas en temas básicos, como el crecimiento urbano, la gestión del agua, el medio ambiente, la movilidad, la educación, la salud y el combate a la pobreza.
De acuerdo con ese artículo, el PGD será elaborado por el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, organismo público con autonomía técnica y de gestión, cuya Junta de Gobierno preside Sheinbaum; y debe ser sometido a consulta ciudadana.
A petición de Sheinbaum, la fecha original marcada para la elaboración del PGD y del PGOT fue modificada en 2019 por el Congreso capitalino, de mayoría morenista. Una segunda modificación vino en septiembre de 2021, con el argumento de que la pandemia de covid-19 dificultó el ejercicio de consulta ciudadana, aunque lo más grave fue en 2020.
El pasado 6 de diciembre, la mandataria local envió al Congreso una iniciativa para reformar la Constitución y la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y aplazar, por tercera vez en cuatro años, las fechas de publicación de ambos documentos, que de por sí ya estaban rebasadas, pues marcaban el 1 de octubre de 2022. El argumento: “No fue posible realizar las consultas públicas”.
Ese día la mandataria local aseguró: “El día de hoy estoy enviando una iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para que se aplace la discusión, porque no tiene caso que, ni en el caso del Suelo de Conservación ni en otras dudas que se han planteado sobre otros temas, se acelere un proceso que tiene que ser democrático y de consensos en la ciudad, y de respeto en general a los usos de suelo de la ciudad”.
El nuevo plazo pedido en la iniciativa marca el 1 de octubre de 2023; es decir, 10 meses. Sin embargo, prácticamente ya había corrido uno, pues hasta el cierre de esta edición el Congreso local ni siquiera había discutido la iniciativa.
Fallas y omisiones
Armando Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas en la Ciudad de México, menciona las principales fallas del gobierno de Sheinbaum y del Congreso local que han impedido a la capital contar con un plan que ordene su desarrollo y su futuro.
En primer lugar, dice en entrevista, la creación del Instituto de Planeación Democrática y de Prospectiva “fue muy tardada y no tan fácil”. La Constitución de 2017 ordenó que se instalara el 1 de julio de 2019, pero los legisladores modificaron la fecha para que fuera cinco meses después. Además, la elección de Pablo Benlliure como director del mismo instituto –el 14 de diciembre del 2020– fue criticada por presunto conflicto de interés, ya que antes de ser nombrado, a propuesta de Sheinbaum, fue director de Planeación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) del gobierno local y también participó en la elaboración de la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo. Juez y parte.
El pasado 7 de julio, Sheinbaum lanzó la convocatoria para el proceso de consulta pública de los borradores del PGD y del PGOT, apenas tres meses antes de que se venciera el plazo para su publicación, el 1 de octubre. En contradicción con esa misma fecha límite, en la convocatoria se establecieron plazos hasta el 8 de enero de 2023 para difundir ambos documentos entre los ciudadanos, realizar foros públicos y mesas de análisis; así como mil 814 asambleas en las unidades territoriales y en pueblos y barrios originarios, además de la consulta ciudadana.
De acuerdo con Rosales, doctor en estudios urbanos y ambientales, Sheinbaum lanzó la convocatoria de consulta “muy tarde” y puso a consulta de la ciudadanía el PGD y el PGOT al mismo tiempo, cuando la Constitución dice que el segundo se debe sujetar al primero.
“Hay toda una cadena de faltas en el proceso que venimos arrastrando de muchos años, de falta de legislar, de falta de adecuar nuestras leyes. Mientras, seguimos con instrumentos obsoletos: el Plan General de Desarrollo Urbano publicado en 2003, en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, y el Programa de Ordenamiento Ecológico, promulgado en 2000 por Rosario Robles”, lamenta.
El académico de la UNAM considera insuficiente la iniciativa que envió Sheinbaum al Congreso para aplazar la publicación del Plan y del Programa. Agrega que también es necesario que publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la cancelación y la reposición del proceso de consulta.
“Ella tiene la facultad de reponer el proceso sin pasar por el Congreso. Quien emitió la consulta y publicó en la Gaceta la convocatoria para la consulta indígena y ciudadana es la jefa de Gobierno con base en sus atribuciones. Está bien que se modifiquen los transitorios de la Constitución, pero tiene que hacer esa reposición del proceso de consulta y eso ya lo pudo haber hecho con un aviso en Gaceta”, afirma Rosales.
La consulta, un desastre
De acuerdo con la Ley del Sistema de Planeación, la aprobación del PGD y del PGOT tiene que pasar por un proceso de consulta ciudadana, además de recoger observaciones de la sociedad civil. A partir de la convocatoria que lanzó Sheinbaum, se hicieron foros y mesas de análisis en las que participaron representantes del Instituto de Planeación. La autoridad anunció que el sábado 3 de diciembre se haría la consulta ciudadana e indígena.
A diferencia de la promoción que Sheinbaum hizo en sus conferencias y actos públicos para invitar no sólo a los capitalinos, sino a todos los mexicanos, a participar en la consulta de Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, la morenista no dedicó tiempo ni esfuerzo a la del PGD y el PGOT.
El día de la consulta, 3 de diciembre, mientras ella estaba de gira en Veracruz, el bloqueo vial derivado de un problema por una obra hidráulica no atendido por el gobierno capitalino en el pueblo de San Gregorio Atlapulco, en Xochimilco, y que terminó en represión policial, así como otro por protestas contra la misma consulta, en particular por el tema de suelo de conservación (Proceso 2406), obligaron a Sheinbaum a suspender el ejercicio ciudadano en las alcaldías Xochimilco y Milpa Alta.
Pero esos problemas no fueron los únicos que pusieron en duda todo el proceso de elaboración y consulta de ambos documentos.
Josefina MacGregor, representante de la asociación civil Suma Urbana, subraya que tales procesos deben estar respaldados y autorizados por el Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación, pero denuncia que al día de hoy “¡este consejo no existe y es el encargado de que no se violen los derechos ciudadanos en el proceso!”.
Además, dice, su oficina de Participación Ciudadana se creó fuera de tiempo, en noviembre de 2021, y peor aún: “esa oficina debió convocar a las Comisiones de Participación Comunitaria (Copacos), a ciudadanos, alcaldías y secretarías de gobierno para elaborar el Plan y el Programa. Pero, sin haber consultado a nadie, los documentos los creó sólo el instituto, cuyo director tenía compromisos claros con el sector inmobiliario, y aún así insistieron en anunciar el proceso de consulta”.
MacGregor señala que el Instituto “simuló” notificar a los Copacos: “Los notificaron, digamos, el jueves en la noche, para el viernes en la mañana en el Centro o el lunes a las dos de la tarde, para algo que pasó a las 11 de la mañana”. Sobre los foros de análisis, añade: “Fueron más como informes de gobierno, pero no explicaban el documento”.
Incluso, indica, el Congreso firmó un convenio con el instituto para que los diputados promovieran la consulta y le pedían a la gente “que llenara una cédula escrita para convalidar una alta participación ciudadana, les pedían el INE”.
Por ello, Suma Urbana presentó una queja en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México con más cuestionamientos hacia el instituto, “pero Benlliure ha sido totalmente omiso para respondernos”.
El día de la consulta “hubo vecinos que salieron en muchas colonias a decir: ‘Esto no va, no estamos de acuerdo, no conocemos el contenido’. Desde Xochimilco, Iztacalco, Bosques de las Lomas (Miguel Hidalgo), Iztapalapa, San Ángel (Álvaro Obregón), Los Pedregales (Coyoacán), Tlalpan, dijeron: ‘no estamos de acuerdo con la forma ni con el contenido’”.
Resume: “La Ley del Sistema de Planeación dice que el PGD y el PGOT se tienen que hacer de forma participativa, pero no se hicieron así; hay un Instituto mal conformado, sin Consejo Ciudadano, con un director que jamás convocó a alcaldías, secretaría y ciudadanía para participar; sin un diagnóstico, violando el orden establecido en la Constitución, de que primero el Plan y luego los demás programas, y con un contenido que ignora agua, gestión integral de riesgos, aspectos técnicos. Ignora todo, como si la Ciudad de México fuera un terreno baldío donde Seduvi fuera a otorgar permisos de altura y de todo, ¡para que la gente haga lo que le de la gana!”.
Para ella, lo que ha hecho hasta ahora el instituto significa “violar el derecho a la ciudad, violar las garantías. Benlliure ni siquiera ha dado la cara… ha dejado a una ciudad en peligro de muerte, necesita forzosamente la planeación como medicina. El instituto se creó para ser independiente de tiempos políticos y ha estado sólo sujeto a tiempos políticos de Sheinbaum”.
De hecho, MacGregor considera que Benlliure debe renunciar, “no sólo por lo que pasó y por las violaciones, sino por su incapacidad de interlocución con las instituciones y por no rendir cuentas de todo lo que acaba de pasar”.
Y concluye: con todas esas fallas, la capital del país sigue estando en riesgo de que se puedan crear grandes proyectos inmobiliarios, como el polémico Mitikah, en el pueblo de Xoco, alcaldía Benito Juárez.
Pueblos originarios, ignorados
Alejandro Velázquez, abogado del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos de la Anáhuac, agrupación crítica del proceso de consulta y del contenido del PGD y del PGOT, acusa que el Instituto de Planeación rompió con uno de los principios de la consulta: “la buena fe”.
Explica que desde septiembre pasado esa autoridad convocó a pocas personas de varios pueblos de Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Tláhuac, Tlalpan y Álvaro Obregón, que no eran representativas, para firmar lo que llamaron “protocolos de consulta”, en los que se establecían las reglas y fechas del proceso. “Eso generó desconfianza, porque convocaba a puerta cerrada, sin previo aviso y a personas sin representatividad”, dice.
Proceso solicitó una entrevista con Pablo Benlliure, director del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, para saber su posición sobre las críticas señaladas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
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