Desdibujada como contrapeso del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presidida por Rosario Piedra Ibarra de...
Desdibujada como contrapeso del Poder Ejecutivo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presidida por Rosario Piedra Ibarra decidió plegarse al discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador para dejar en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el control absoluto de la Guardia Nacional (GN), pasando por alto instrumentos internacionales de derechos humanos, consideraciones de sus pares en los estados e incluso de los consejeros del organismo.
En 16 cuartillas, el martes 13, Piedra Ibarra abdicó de su facultad de recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una acción de inconstitucionalidad contra las reformas que militarizan la GN, nacida en 2019 con un carácter civil.
“Es este momento de definiciones claras, que no admiten matices. O se está con el pueblo o se está contra él”, arguyó el organismo en el documento que secunda la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de la mayoría de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión, de que “la existencia de una crisis de inseguridad y violencia”, atribuida al crimen organizado, justificaba que la Sedena absorbiera a la GN.
El lunes 5, mientras se discutía en el Senado la iniciativa enviada por López Obrador aprobada en la Cámara de Diputados, la CNDH se abstuvo de respaldar un posicionamiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos que alertaba sobre “los impactos que tendrán las modificaciones legislativas en la esfera de derechos de las personas y comunidades derivados de la ruptura de la cadena de mando civil de la Guardia Nacional para sujetarla al mando militar a cargo de la Sedena”.
“Notoria inconstitucionalidad”
A excepción de la CNDH y de las comisiones de derechos humanos de Chiapas, Coahuila y Guanajuato, 29 organismos públicos coincidieron con organismos internacionales sobre la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de las reformas, que reducen “el margen de acción” de los ombudsperson en las entidades “para atender la conflictividad social que deriva de las funciones de seguridad pública en el territorio, en detrimento de la ciudadanía”, generándose “un vacío en la atención de las víctimas”.
Un día después, seis de los nueve consejeros de la CNDH firmaron un documento en el que recordaban que, desde hace más de una década, organismos de derechos humanos de Naciones Unidas, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han considerado la militarización de la seguridad pública en México contraria a los estándares internacionales, por lo que las reformas aprobadas son “de notoria inconstitucionalidad e inconvencionalidad, al tiempo de representar una grave amenaza a la protección de los derechos humanos de la población”.
Aunado a ello, alertaban que “el Ejército y la Marina no han sido depurados de los elementos que han sido violadores de derechos humanos en el pasado”, sino que siguen activos en esas instituciones, y “se pretende que realicen acciones de seguridad ciudadana y no sólo de combate al crimen organizado”.
Con base en sus atribuciones reconocidas en la Constitución y en ordenamientos internos de la CNDH, los consejeros Tania Espinosa Sánchez, Adalberto Méndez López, Jorge Alejandro Saavedra López, Georgina Diédhiou Bello, Gloria Ramírez Hernández y Bernardo Romero Vázquez, propusieron a la CNDH “interponer una acción de inconstitucionalidad” contra las reformas aprobadas, sugerencia que fue ignorada por Piedra Ibarra, hija de la icónica luchadora social, Rosario Ibarra, madre de Jesús Piedra Ibarra desaparecido en una acción militar en 1975.
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