Este agosto debió empezar a operar el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una institución que tendrá la tarea de resguardar la ...
Este agosto debió empezar a operar el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH), una institución que tendrá la tarea de resguardar la información para la identificación de personas fallecidas en calidad de desconocidas. Sin embargo, preocupa a familiares de personas desaparecidas y especialistas cómo se coordinará con el resto de instituciones forenses y si contará con presupuesto suficiente.
Con el fin de abatir la crisis forense, estimada en más de 52 mil cuerpos desconocidos, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación del CNIH, adscrito a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. La iniciativa fue aprobada por ambas cámaras legislativas en mayo de este año y celebrada por colectivos de búsqueda de personas, organizaciones civiles y organismos internacionales.
“Esperamos que el Centro funcione, que realmente se tome en cuenta y no vaya a ser un elefante blanco”, dice en entrevista Virginia Garay del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoro de Nayarit e integrante del Consejo Nacional Ciudadano, un órgano independiente integrado por expertos y familias de personas desaparecidas.
Aunque en su decreto de creación la única facultad clara del Centro Nacional es el resguardo de información con fines de identificación que sería entregada a las autoridades competentes, tanto el subsecretario federal de derechos humanos, Alejandro Encinas, como la comisionada nacional de búsqueda, Karla Quintana, han asegurado que esta nueva institución liderará las labores de identificación masiva, es decir, la que se realizaría a partir de la comparación sistemática y periódica de la mayor cantidad de datos de las personas fallecidas sin identidad con la que entregan familiares de personas desaparecidas, e, incluso, realizaría tomas de muestras para obtener perfiles genéticos.
Con esa encomienda, el Centro Nacional se suma a otras instituciones que tienen el mismo fin de identificar cuerpos anónimos, aunque varíen en jurisdicción, métodos y alcances, como las 33 fiscalías del país, el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense y hasta la Guardia Nacional.
Los detalles sobre cómo operaría el Centro Nacional y cómo se coordinará con estas instituciones “quedaron en el aire”, dice Humberto Guerrero, director del programa de derechos humanos en la organización civil Fundar.
Según el especialista, la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda aseguró que esas cuestiones se resolverían en la reglamentación del CNIH, pero la CNB –de la que depende el Centro Nacional– lleva cuatro años y medio operando sin su propio reglamento.
Articulación institucional en el aire
La preocupación por la crisis forense no es nueva para las familias que buscan a sus desaparecidos y desaparecidas: desde que impulsaron la Ley General en Materia de Desapariciones –aprobada en noviembre de 2017– lograron incluir herramientas que servirían para atender esta crisis, todas ellas a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
La institución dirigida por Alejandro Gertz Manero ha retrasado por más de tres años la creación estas herramientas clave, como el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), que tendría la función de comparar periódicamente y de forma masiva los datos genéticos de los cuerpos sin identidad del país con los de familiares que buscan a personas desaparecidas para encontrar posibles coicidencias y así agilizar las identificaciones, justo como ahora se pretende que haga el Centro Nacional de Identificación Humana.
El Ministerio Público de la Federación, incluso, enfrenta una demanda de amparo por la falta del Banco que estaría próxima a resolverse.
La FGR también tiene pendiente el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, el Registro Nacional de Fosas Clandestinas y Fosas Comunes y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense. Además, en peticiones de información la FGR ha respondido que se encuentra trabajando en una Base Nacional de Información Genética (BaNIG) que estaría operando hasta el próximo año.
Este podría no ser el único banco genético nacional con el que tendría que trabajar el CNIH: el año pasado la Guardia Nacional licitó un servicio de arrendamiento de perfiles genéticos de personas desaparecidas sin que a la fecha se conozca el número de perfiles con los que cuenta y la finalidad de su resguardo.
Un esfuerzo más para combatir esta emergencia es el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF), un órgano multidisciplinario y con autonomía técnico-científica creado a finales de 2019 con la encomienda de realizar peritajes a cuerpos y restos humanos en calidad de desconocidos ingresados a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) del país antes de su creación. A diferencia del CNIH, aunque el MEIF inicialmente se iba a crear a partir de una Ley, las instituciones federales solo accedieron a que se creara vía Acuerdo, lo que implicó un menor peso legal.
En lo que sí coinciden ambas instituciones es en que tendrán que trabajar con la información que resguardan las fiscalías del país para identificar a las personas fallecidas en calidad de desconocidas.
El Grupo que coordina el MEIF fue seleccionado hace un año y, para realizar su labor, deben firmar convenios de colaboración con las fiscalías del país, quienes tenían la facultad exclusiva del resguardo de los cuerpos.
“Todavía no funciona bien el MEIF y ya se está abriendo una nueva institución. ¿Cómo vamos a empujar esto si nos faltan los bancos (de datos) que son parte fundamental para que realmente pueda existir las identificaciones?”, cuestiona la consejera Virginia Garay.
El Grupo que coordina el Mecanismo asegura que confían en que la metodología que están implementando sirva para sentar las bases de lo que llaman “un ecosistema interinstitucional en identificación humana”, que incluye al nuevo CNIH.
Grace Fernández, del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México considera que el Centro Nacional debe ser una herramienta adicional para dar respuesta a las familias de personas desaparecidas.
“Todos los días y en todos los estados hay hallazgos de fosas clandestinas. Se van incrementando la cantidad de personas que hay que identificar y entonces tienes un sistema colapsado que no tiene ni recursos ni personal ni tecnología, por eso es necesario crear nuevas instancias”, asegura Fernández.
El riesgo, advierte Humbero Guerrero de Fundar, es que no se genere una verdadera política nacional de identificación forense y solo proliferen iniciativas aisladas que generen información que no se comparta, que no sea uniforme y que no ayude a la tarea de identificar con agilidad.
Las fiscalías… De nuevo
El cuello de botella apunta a las fiscalías: con la facultad exclusiva de investigar delitos y resguardar cuerpos –y los datos obtenidos de las necropsias– que perdieron la vida en situaciones violentas o a los que no se les restituyó la identidad, las instituciones ministeriales se han convertido en maquinarias para enterrar cuerpos. Pese a ello, en su mayoría, no han estado dispuestas a abrir los archivos forenses para que otros devuelvan el nombre a quienes las fiscalías enterraron sin él.
“El Centro Nacional de Identificación Humana, por más que tenga facultades establecidas en la legislación, va a requerir necesariamente que existan fiscalías dispuesta a colaborar”, menciona César Contreras, abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, (Centro Prodh).
Soberbia, egocentrismo, cinismos, pereza o celos institucionales y hasta posibles complicidades criminales son calificativos vertidos hacia las fiscalías como explicación de su falta de colaboración para el rezago en materia de identificación que ellas mismas han generado.
La falta de voluntad política de las fiscalías para compartir la información forense ha hecho que las familias de personas desaparecidas sientan que los esfuerzos de los últimos años para combatir la crisis forense están “en la cuerda floja”, según Garay, vocera del Consejo Nacional Ciudadano.
De acuerdo con Fernández, del Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, el MEIF también se ha enfrentado a la poca voluntad para compartir información de las instituciones ministeriales. Al haber sido creado mediante un acuerdo –y no como parte de una ley, como el CNIH– se ha encontrado con un obstáculo previo incluso a su operación: las fiscalías no consideran obligatorio colaborar con el órgano independiente.
A la fecha, el Grupo Coordinador del MEIF solo ha logrado firmar convenios con las fiscalías de San Luis Potosí y Tamaulipas.
Para el subsecretario Encinas la solución es trabajar con quien se pueda trabajar. “Se requiere de coordinación institucional. Donde no haya voluntad no vamos a perder el tiempo”, asegura en entrevista.
Garantizar presupuesto
En épocas de austeridad el presupuesto del Centro Nacional es una preocupación para familiares de personas desaparecidas y especialistas.
El subsecretario Encinas aseguró el pasado 9 de agosto que el CNIH contará con recursos. Sin embargo, para Grace Fernández la solvencia presupuestal continúa siendo una preocupación.
“Compromisos de palabra tenemos muchos por parte de diputados y senadores. Estaremos cobrándolos en este periodo legislativo para que le asignen los recursos necesarios al tanto al mecanismo como a los centros de identificación”, advierte Fernández.
El abogado Contreras coincide en la exigencia de Fernández: la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de garantizar los recursos suficientes para operar en tanto fue el mismo Legislativo federal quien aprobó su creación.
“Aún no existe una partida de recurso para tener la seguridad de que va a ser un centro que va a estar trabajando desde el principio”, advierte Virginia Garay.
A una petición de información realizada por Animal Político, la CNB respondió que los recursos para el CNIH se tomarían de dos programas presupuestarios originalmente destinados a realizar acciones de búsqueda, lo que implicaría una disminución en los esfuerzos de la Comisión para localizar a las personas desaparecidas.
Aunque las autoridades federales se ahorraron en la construcción de un edificio nuevo, lo cierto es que este aún requiere ser acondicionado, explica la señora Garay, que fue parte de la comitiva que conoció las instalaciones recién cedidas por el gobierno de Morelos.
En palabras de la comisionada Quintana, el Centro Nacional estará inaugurado cuando realice su primera identificación. Es la misma frase que, hace un año, utilizó para referirse al Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense que todavía aguarda a ese simbólico comienzo. Mientras tanto, la crisis de desaparición no se detiene y los cuerpos sin nombre siguen llegando a las morgues del país a la espera de ser devueltos a sus familias.
* Con información de Carlos Quintero y Marcela Turati.
*Efraín Tzuc es periodista e investigador. Actualmente es reportero del equipo de investigación periodística de www.adóndevanlosdesaparecidos.org, asistente de investigación en Quinto Elemento Lab y cocoordinador de la plataforma Yucatán Feminicida. También es becario de la iniciativa ¡Exprésate! del International Women 's Media Foundation (IWMF).
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