Guardia Nacional en zonas arqueológicas trastoca el orden legal: trabajadores del INAH

La presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) en las labores de vigilancia y seguridad en las zonas arqueológicas de El Tajín, en Ve...

La presencia de elementos de la Guardia Nacional (GN) en las labores de vigilancia y seguridad en las zonas arqueológicas de El Tajín, en Veracruz, y Teotihuacán, en el Estado de México, ha provocado el rechazo y alerta de profesores investigadores, así como trabajadores técnicos y administrativos, del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

A través de sendos oficios, los trabajadores fueron informados por los encargados del despacho de ambas zonas de monumentos Olaf Jaime Riverón (El Tajín) y Rogelio Rivero Chong (Teotihuacán) acerca de las labores de “coadyuvancia” de la GN:

En el primer caso se les dijo que es un “acompañamiento” para contar con más seguridad para trabajadores y visitantes y abarcará incluso a las comunidades que forman parte del polígono de la zona arqueológica y ello “reforzará el tejido social” e identitario para una atención integral al patrimonio cultural.

Y en Teotihuacán se describe como un “logro” resultado de las gestiones de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH y se explica igualmente que contribuirá a mantener el orden y seguridad de los visitantes, así como en el resguardo de los bienes culturales del sitio arqueológico. Se precisa que su intervención es en la zona empedrada que rodea los monumentos y se informa a los trabajadores que la GN tiene paso franco hacia los estacionamientos para inhibir situaciones delictivas.


A través de una carta abierta, fechada el 16 de junio, los académicos del INAH expresan su “enérgico rechazo y condena a la pretensión del Ejecutivo Federal de que la Guardia Nacional lleve a cabo labores de ‘custodia’ en las zonas arqueológicas”.


Describen la problemática que rodea tanto a los monumentos y zonas de monumentos, por los errores de administraciones pasadas y la actual, como a las comunidades y pueblos circundantes, por el turismo, la falta de trabajo y oportunidades para los jóvenes, lo cual las ha convertido en “espacios de negociación de todo tipo de mercancías”.


Pero advierten que ello difícilmente se solucionará con el uso de fuerzas coercitivas:


“…la militarización no tiene ningún sustento en las realidades de las zonas arqueológicas y mucho menos constitucional y legal, en cuanto a tareas y misiones de las fuerzas armadas y, en cambio, hace evidente una continuada estrategia de militarización de los espacios públicos dedicados a la educación y cultura”.


Y señalan que lejos de cumplir con su promesa de campaña de regresar el ejército a los cuarteles, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de su presencia algo cotidiano, en sus conferencias matutinas, por ejemplo, pero además les ha dado poder económico otorgándole el manejo de rentas públicas nacionales, como es la administración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y otros megaproyectos como el Tren Maya, el corredor interoceánico, Dos Bocas, Coatzacoalcos.


Firman los investigadores Felipe Echenique, Gilberto López y Rivas, Sergio Gómez Chávez, Lina Odena, Fernando Alberto Miranda Flores, Eliana Acosta Márquez, Rosa María Garza Marcué, Jesús Evaristo Sánchez, Alberto Herrera, Paul Hersch Martínez, Cecilia Vázquez Ahumada, Ana María Pelz, Pavel Leiva, Guadalupe Zárate Miguel, Hortensia de Vega Nova, Berenice Rodríguez, Gilberto L. Castillo, Pablo Neptali Monterroso, Juan Manuel Sandoval Palacios, María de los Ángeles Colunga Hernández, Ruth Arboleyda, Fernando Barsdefer, Elsa Hernández Pons, Esperanza Muñoz Elizondo, Guillermo Molina, Filiberto Rivera, Allan Ortega Muñoz, Ignacio Sánchez Alanís y Giovanna Gasparello. Como adherentes, las investigadoras de la UNAM Ana Esther Ceceña, Marcela de Lourdes Orozco y Graciela Aurora Mota.


Comercio irregular


Vía telefónica, el arqueólogo Sergio Gómez Chávez, ganador en 2015 del Premio Shangai por sus investigaciones en Teotihuacán, describe a Apro que la situación fuera del perímetro principal de la zona arqueológica (bordeada por una franja empedrada) es cada vez más problemática: han proliferado comercios ilegales, hay invasión de servicios de rentas de motocicletas, y “todo eso se ha salido de control”.


En opinión suya, son problemas de carácter económico y social que deben ser atacados, pero no con la Guardia Nacional pues sería solamente una forma de “control represivo”.


Expone, por ejemplo, que un problema muy serio son las construcciones en áreas donde no está permitido edificar (como la que se pretendió realizar en Oztoyahualco en 2021, https://www.proceso.com.mx/reportajes/2021/6/10/teotihuacan-bajo-asedio-265728.html) y se están construyendo decenas de locales comerciales y para restaurantes sin autorizaciones del INAH o municipales. Entonces, dice, es una situación que difícilmente se resolverá con la decisión de enviar a la GN:


“Es inadecuado, el instituto tendría que aplicar otras acciones junto con los gobiernos municipales (San Juan y San Martín) y estatal (Estado de México)”.


El arqueólogo recuerda que Teotihuacán cuenta con un decreto presidencial de protección como zona de monumentos desde 1988. En él se establecieron tres áreas de protección A, B y C. En las áreas A y B, inmediatamente después de la zona abierta al público no se puede construir, sin embargo ha habido invasiones y construyen en forma rápida.


Antes lo hacían de noche, pero durante la pandemia se aprovechó la contingencia para hacerlo a plena luz del día, es un problema que debe atacarse ofreciendo alternativas. El punto, subraya, es que en anteriores administraciones no se dio la atención adecuada al problema, se dejó crecer.


Es muy grave, añade, porque sobre todo los fines de semana, hay una invasión de gente que por necesidad se pone a vender desde quesadillas hasta bebidas alcohólicas, hay muchos locales que se dedican a ello detrás de la pirámide de la Luna, y van una gran cantidad de jóvenes a pasar la noche ahí, “son antros, pero todo es derivado de esta concepción errónea del turismo y no de promover una visita educativa”.


Destaca que se logró detener las obra en Oztoyahualco pero en realidad falta voluntad política para detener el resto de las construcciones, las clausuras se hacen de manera tardía y el Departamento Jurídico de la Zona Arqueológica tiene las manos atadas porque depende en buena medida del Estado de México y de la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del INAH para hacer denuncias formales.


La carta de los investigadores, subraya es para rechazar a la GN y llamar la atención sobre toda esta problemática “que debe ser atendida desde un análisis antropológico, social, económico, para darle solución, porque la Guardia Nacional no es la solución”.


Invasión de funciones


Por su parte, integrantes de la Coordinación Nacional Colegiada del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura (SNDTSC), dirigieron una carta el pasado 14 de junio al antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del INAH, para rechazar la presencia de la GN por considerar que trastoca el orden constitucional, así como la Ley Orgánica del instituto.


Expresan estar de acuerdo en la coordinación con cuerpos de seguridad federales para impedir el robo, tráfico y saqueo de piezas arqueológicas, pero precisan que las labores de seguridad de los visitantes y trabajadores corresponde al instituto. Y señalan que los guardias portan armas a la vista de trabajadores y visitantes, lo cual “inhibe el gozo y disfrute del patrimonio cultural de todos los mexicanos”.


El aún representante de los trabajadores de la zona arqueológica (pues hay un momento de transición y cambio), Mauricio Jiménez Espinoza explica que la zona arqueológica siempre ha sido vigilada por los custodios del propio INAH como se hace también en los museos, porque han sido capacitados para ello.


Otras áreas son resguardadas por la Policía Auxiliar de a Ciudad de México (no obstante que el sitio arqueológico se encuentra en el Estado de México), porque se tiene un contrato con esa institución para el resguardo de esta zona, el Exconvento de Acolman, el Museo Nacional de Antropología, el Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec y el Templo Mayor.


Ahora, los trabajadores ven como “un albazo” que el director de Teotihuacán les informe que “por acuerdo con la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos, la GN haga las labores que son materia de trabajo del personal del INAH como es la atención al público y la salvaguarda del orden de los visitantes.


Ciertamente, dice, la delincuencia le está pegando a la zona, porque hay carteristas y también se han reportado robos en los estacionamientos, donde turistas extranjeros han perdido su documentación, pero para ello --insiste-- ya cuentan con el apoyo de la policía auxiliar.


Cabe recordar que el lunes 13 de junio Estados Unidos emitió una alerta a sus ciudadanos para no realizar o reconsiderar los viajes a prácticamente todas las entidades de la República, con diferentes categorías: No viajar, reconsiderar el viaje, incrementar precauciones y tomar las precauciones normales. El Estado de México tiene una alerta por crimen y secuestro.


Los trabajadores no rechazan del todo a la Guardia Nacional que consideran podría bien tomar acciones en las poblaciones aledañas, pero nunca dentro de la zona de monumentos. Y lamenta que en la Zona Arqueológica de El Tajín la GN se encuentre ya custodiando monumentos como la pirámide de Los Nichos y el mural que se ubica a unos 50 metros del edificio prehispánico.


Insiste en que ellos no pueden permitir que sus labores como trabajadores del INAH sean invadidas por la GN, y están convocando a reuniones tanto con los directores de las zonas arqueológicas como con las autoridades centrales para defender su materia de trabajo.


Ya de por sí, recuerda, la institución ha enfrentado serios problemas como el recorte presupuestal, que en el caso de Teotihuacán --asegura-- fue del 85%, por lo cual ellos han tenido que aportar voluntariamente de sus salarios para comprar maquinaria que les permita limpiar de maleza de los monumentos, que “ya parecen cerros”. Asimismo, existe la pretensión por parte de las autoridades de modificar sus Condiciones Generales de Trabajo.

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Guardia Nacional en zonas arqueológicas trastoca el orden legal: trabajadores del INAH
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