Ante el anuncio de la construcción de 76 cuarteles más para la Guardia Nacional, y antes las consecuentes protestas, el presidente Andrés M...
Ante el anuncio de la construcción de 76 cuarteles más para la Guardia Nacional, y antes las consecuentes protestas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no les vamos a pedir permiso”, pues afirmó que son los mismos delincuentes los que dirigen este tipo de protestas.
“Aprovecho para decir que la delincuencia no está conforme con el despliegue de la Guardia Nacional, pero la Guardia va, no les vamos a pedir permiso a la delincuencia. En Chihuahua, en Villa Ahumada, aparecieron ayer mantas rechazando a la Guardia Nacional y tratando de impedir que se construya un cuartel, esto ya se ha experimentado, se ha registrado en otras partes”, y puso como ejemplo a Michoacán.
Y es que según López Obrador, se trata de protestas que son enviadas por delincuentes que se oponen a la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional.
Ayer, al filo del mediodía, habitantes de Villa Ahumada se manifestaron y bloquearon la circulación de la carretera Chihuahua-Ciudad Juárez a la altura del kilómetro 216, en donde con pancartas en mano, denunciaron presuntos abusos y robos por parte de elementos de la Guardia Nacional.
Sin embargo, el mandatario expuso que la Secretaría de Seguridad Pública tiene mil 200 millones de pesos adicionales de su presupuesto, e informó que a finales de este año se habrán construido 150 cuarteles de la Guardia Nacional. “Ya hemos terminado alrededor de 90 y en cada una de las regiones, de las 266 va a haber”.
Explicó que el objetivo es que haya presencia de esta corporación en todo el territorio nacional porque “antes eran pocos y lo que se hacía cuando había una situación difícil en un estado, se les mandaba a 500 o mil elementos a esa entidad y los hospedaban en campamentos u hoteles en condiciones lamentables”, afirmó.
La Guardia Nacional (GN) es uno de los pilares más importantes en la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual está definida en la Constitución como “una institución de seguridad pública de carácter civil”.
Debido a la crisis de violencia que sumerge al país desde 2007 -cuando el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) declaró la controvertida “Guerra contra el narco”, López Obrador esbozó desde antes de llegar al poder una nueva estrategia de seguridad.
En un contexto de casi 30.000 homicidios dolosos al año (las peores cifras de la historia reciente), el plan incluía propuestas sensatas como la reforma del sistema penitenciario y el replanteamiento de la prohibición a las drogas. Sin embargo, también generó fuertes críticas por el hecho de proponer la creación de una nueva Guardia Nacional bajo el control del ejército, como la principal herramienta para luchar contra el crimen en todo el país.
Debido a que el plan conllevó la disolución el año pasado de la Policía Federal, pero no contempló el fortalecimiento de las unidades de policía municipales y estatales del país, muchos especialistas la consideran como una extensión directa de las fuerzas armadas.
Además, los resultados de la GN no se mostraron en el corto plazo, pues la cifra de víctimas de homicidio doloso aumentó respecto al año pasado y diferentes ONG han criticado la participación de soldados en tareas de seguridad pública dado que el Ejército ha sido acusado de numerosas violaciones a los derechos humanos.
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