Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de diciembre de 2025.– El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Co...
Palacio Legislativo de San Lázaro, 28 de diciembre de 2025.– El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, afirmó que las reformas que contemplan la figura de los “jueces sin rostro” pretenden dotar a las personas juzgadoras de un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos, además de combatir el rezago, la corrupción y la falta de supervisión en el sistema de justicia.
“El 25 de junio de 2025 la Presidencia de la República remitió a la Cámara de Senadores la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”, recordó el legislador, quien detalló que la propuesta ya se encuentra en estudio en comisiones y se prevé que forme parte de la agenda legislativa 2026.
Monreal explicó que las modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada buscan establecer medidas de protección para preservar la seguridad de las personas juzgadoras. “Para ello se adiciona el Capítulo VIII ‘De la protección de las personas’, el cual contiene la remisión al Código Nacional de Procedimientos Penales sobre las medidas para garantizar la seguridad y resguardar su identidad”, señaló.
Asimismo, destacó que la reforma permitirá que agentes del Ministerio Público de la FGR adscritos a otras unidades puedan investigar delitos de delincuencia organizada con el consentimiento de la unidad especializada. También se establece que la existencia de una organización delictiva quedará acreditada cuando exista una sentencia judicial irrevocable emitida por tribunales nacionales o extranjeros.
En cuanto al Código Nacional de Procedimientos Penales, Monreal subrayó que la reforma busca fortalecer la impartición de justicia tras la reforma constitucional de 2024, con prácticas que erradiquen la corrupción y el rezago. “Se propone dotar a las personas juzgadoras de un marco jurídico con perspectiva de derechos humanos, que asegure la protección suficiente y mantenga la coherencia y sistematicidad con la reforma constitucional”, puntualizó.
La iniciativa contempla la entrada en funciones del Tribunal de Disciplina Judicial y del Órgano de Administración Judicial, además de delimitar plazos en actuaciones procedimentales para garantizar una justicia pronta y expedita. También introduce la regla de obtención de pruebas bajo medios lícitos y respetuosos de los derechos fundamentales, así como criterios objetivos para aplicar medidas de seguridad y resguardo de las personas juzgadoras.
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