El gobierno federal oficializó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Aguas, junto con reformas y derogaciones a la L...
El gobierno federal oficializó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de Aguas, junto con reformas y derogaciones a la Ley de Aguas Nacionales, tras su aprobación en el Congreso de la Unión. La norma reconoce el agua como un derecho humano irrenunciable y establece que los organismos operadores no podrán suspender totalmente el suministro de agua potable ni el servicio de saneamiento por falta de pago; en todo caso, deberán garantizar una cantidad mínima para el consumo básico de cada persona.
La Comisión Nacional del Agua (Conagua), en coordinación con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), elaborará una Estrategia Nacional que será publicada en el DOF. Esta estrategia fijará escenarios y metas a 10, 20, 40 y 60 años, con revisiones periódicas cada década para evaluar avances y ajustar objetivos.
El documento plantea un enfoque sistémico que incluye diagnóstico y evaluación de las medidas implementadas en el país, así como su desempeño en el contexto internacional. Entre sus prioridades figuran erradicar la distribución inequitativa del agua, fortalecer la capacidad de adaptación frente al cambio climático y reducir riesgos, pérdidas y daños que afectan tanto a la sociedad como a los ecosistemas.
La política hídrica se articulará mediante instrumentos como el Programa Nacional Hídrico, los programas regionales y de cuenca, además del Registro Público Nacional del Agua. También se incorporan criterios e indicadores de eficiencia y calidad en dimensiones hídricas, económicas, sociales y ambientales, junto con la creación de un Sistema Financiero del Agua.
Con esta legislación, el Estado busca garantizar el acceso equitativo y sostenible al recurso, reforzando la protección de un derecho humano esencial frente a prácticas de acaparamiento y desigualdad en su distribución.
Sin embargo, agricultores y campesinos han manifestado su rechazo a la nueva legislación. En estados como Chihuahua y otras regiones del norte del país se han realizado bloqueos y protestas, con pancartas que expresan “rechazo total a la nueva ley de aguas”. Los productores argumentan que las reformas limitan su autonomía en el manejo de concesiones y podrían restringir el acceso al agua para riego agrícola, afectando directamente su actividad económica y la seguridad alimentaria. Además, algunos señalan que la centralización del control del recurso en manos del Estado abre la puerta a decisiones políticas que no siempre consideran las necesidades locales.
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