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La oposición en la Cámara de Diputados condenó la actuación de las autoridades de la Ciudad de México tras la marcha de la Generación Z, realizada el 15 de noviembre, donde varios manifestantes fueron detenidos y acusados de tentativa de homicidio. El PRI calificó a los capturados como “presos políticos” y anunció apoyo legal para sus familias, mientras que su coordinador Rubén Moreira denunció que el Gobierno Federal busca “callar las voces” mediante represión y criminalización. El diputado Carlos Gutiérrez, presidente de la Comisión de Juventud, se sumó a la exigencia con fuertes críticas al Ejecutivo, al que llamó “narco gobierno” por ser duro con jóvenes manifestantes y complaciente con criminales. Por su parte, la vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, advirtió que la Fiscalía capitalina actúa con “rapidez selectiva” y calificó el proceso como persecución política, cuestionando además el silencio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos frente a la brutalidad policial. La oposición coincidió en que la detención de los jóvenes vulnera derechos fundamentales como la libertad de expresión y manifestación, y demandó su liberación inmediata.
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