La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, tras aceptar las m...
La Cámara de Diputados aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, tras aceptar las modificaciones realizadas por el Senado. El dictamen eleva las sanciones de seis a quince años previstas originalmente, a un rango de quince a veinticinco años de prisión, con incrementos adicionales en casos agravantes que pueden alcanzar hasta 42 años. Ricardo Monreal, coordinador de Morena, defendió su postura “garantista” y cuestionó la eficacia de endurecer penas como única respuesta a la crisis de seguridad, aunque se allanó a los cambios por respeto al sistema bicameral. La reforma también obliga a las autoridades a actuar con pleno respeto a los derechos humanos y establece la creación de unidades especializadas en fiscalías para investigar extorsión. Además, contempla sanciones específicas para servidores públicos que faciliten o encubran estos delitos, así como para quienes introduzcan dispositivos electrónicos en centros penitenciarios. Los recursos derivados de decomisos o extinción de dominio se destinarán preferentemente a la restitución de los derechos de las víctimas.
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