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Este jueves, la ciudad de Washington D.C. presentó una demanda contra el presidente Donald Trump y varios miembros de su administración por el despliegue de más de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional en la capital, sin el consentimiento de las autoridades locales. La acción legal, liderada por el fiscal general electo Brian Schwalb, acusa al gobierno federal de violar la Ley Posse Comitatus, que prohíbe el uso del Ejército en tareas de aplicación de la ley civil, y la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia de 1973. La demanda sostiene que el despliegue fue “ilegal, innecesario y perjudicial”, y que ha generado un “daño irreparable” al derecho de autogobierno de la ciudad, erosionando la confianza pública y afectando sectores clave como el turismo y la economía local.
Trump justificó la medida como respuesta a una supuesta emergencia por alta criminalidad, aunque la alcaldesa Muriel Bowser ha cuestionado la veracidad de esos datos. Además, el despliegue incluyó tropas armadas provenientes de otros estados, lo que, según Schwalb, representa una “ocupación militar forzosa” que siembra miedo y confusión entre los residentes. La demanda busca que la Corte prohíba de forma permanente este tipo de intervenciones federales sin autorización local, advirtiendo que lo ocurrido en Washington podría repetirse en otras ciudades del país
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