Tras el violento ataque con hacha y navaja perpetrado por una alumna en la Secundaria Técnica 52 de Delicias, la madre agredida, Brenda N....
Tras el violento ataque con hacha y navaja perpetrado por una alumna en la Secundaria Técnica 52 de Delicias, la madre agredida, Brenda N., denunció públicamente omisiones graves por parte de la administración escolar. Según su testimonio, la agresora había advertido días antes que llevaría armas al plantel, sin que el personal docente o directivo tomara medidas preventivas. Brenda también señaló que, tras el ataque, ningún miembro del personal acudió a auxiliarla, y que la escuela carece de protocolos de seguridad como detectores de metales o vigilancia efectiva.
Estas acusaciones podrían tener implicaciones legales para la administración escolar. El Código Penal del Estado de Chihuahua establece en su Artículo 16 que una omisión puede ser penalmente relevante si quien la comete tenía el deber jurídico de evitar el daño, y su inactividad es equivalente a una acción prohibida. Si se acredita que la escuela tenía conocimiento previo de una amenaza y no actuó, podría configurarse el delito de omisión impropia, especialmente si se considera que el personal escolar tenía una posición de garante sobre la seguridad de los alumnos y visitantes.
Además, la madre podría emprender las siguientes acciones legales:
- Denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado por omisión de cuidados, negligencia institucional o incluso lesiones por complicidad pasiva, si se demuestra que la inacción contribuyó al daño sufrido.
- Queja formal ante los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), lo que podría derivar en sanciones administrativas, suspensión de funciones o reestructuración del personal directivo.
- Demanda civil por daños y perjuicios, reclamando compensación económica por los gastos médicos, el trauma psicológico y la afectación a su integridad física.
- Solicitud de intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, argumentando que se vulneraron sus derechos como madre y ciudadana al no recibir protección ni atención adecuada dentro de una institución pública.
El caso ha encendido el debate sobre la seguridad en escuelas públicas y la responsabilidad institucional ante señales de riesgo, en un contexto nacional donde la violencia escolar va en aumento
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