El crimen organizado en Chihuahua ha refinado sus métodos para legitimar la tala ilegal, presionando a ejidatarios mediante amenazas para ob...
El crimen organizado en Chihuahua ha refinado sus métodos para legitimar la tala ilegal, presionando a ejidatarios mediante amenazas para obtener documentación aparentemente legal que permite comercializar madera extraída clandestinamente. Autoridades estatales y federales, reunidas en la Mesa Interinstitucional contra la Tala Ilegal, reconocieron vacíos legales e impunidad como obstáculos para frenar esta actividad, especialmente en municipios como Guachochi y Bocoyna. Entre 2021 y 2025 se han iniciado 176 carpetas de investigación, aunque las cifras oficiales contrastan con un contexto de creciente intimidación y sofisticación criminal.
Los rarámuris también exigieron medidas para proteger su territorio, señalando impactos ambientales y turísticos en zonas forestales. A pesar de amparos que reconocen su posesión tradicional, empresarios y particulares con permisos de aprovechamiento han impugnado estos fallos. Colectivos denuncian que, desde 2017, se han perdido más de 35 mil hectáreas por tala y deforestación. El uso de documentación falsa validada por aserraderos impide el decomiso de madera, evidenciando la urgencia de una coordinación más efectiva entre dependencias y la participación comunitaria para frenar este fenómeno.
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