La presidenta peruana, Dina Boluarte, reclamó a su homólogo Andrés Manuel López Obrador que sigue sin entregar al gobierno de Perú la presid...
La presidenta peruana, Dina Boluarte, reclamó a su homólogo Andrés Manuel López Obrador que sigue sin entregar al gobierno de Perú la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico –cosa que México debía hacer en enero pasado–, porque el mexicano mantiene su apoyo al exmandatario Pedro Castillo, actualmente en la cárcel.
“Por esa situación política, del presidente del norte, de México, hasta ahora está perjudicando a los pueblos que comprende la Alianza del Pacífico, porque simplemente, por seguir apoyando al expresidente que dio el golpe, y además que tiene carpetas fiscales que está en investigación, no nos quiere entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico”, manifestó Boluarte en una declaración pública.
Boluarte tomó posesión de la presidencia de Perú el pasado 7 de diciembre, tras la destitución de Castillo, producto de su fracasado intento de disolver el Congreso e instaurar un gobierno de excepción en el país. Castillo trató de huir hacia la embajada de México en Lima –donde López Obrador le había garantizado el asilo–, pero fue detenido en el camino; en paralelo, Boluarte quien era entonces su vicepresidenta, ascendió a la silla presidencial.
Desde un principio, López Obrador aseveró que Castillo fue víctima de un golpe de Estado, y en aparente contradicción con los valores de no intervención que profesa, se negó a reconocer a Boluarte como presidenta.
La destitución y la posterior detención de Castillo detonaron una grave crisis política en Perú, con el surgimiento de grandes movimientos de protesta que el gobierno de Boluarte reprimió con brutalidad: de acuerdo con Amnistía Internacional, el Ejército y la Policía Nacional del Perú han disparado de manera indiscriminada contra los manifestantes –en su gran mayoría campesinos indígenas–, provocando la muerte de 48 personas e hiriendo a un centenar más.
López Obrador y la Cancillería han denunciado con vehemencia la violencia gubernamental contra los manifestantes, y han alentado a varios gobiernos aliados –de Colombia, Argentina y Bolivia– para presionar a Boluarte.
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