A más de 24 horas de suscitarse un motín en un penal estatal en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) em...
A más de 24 horas de suscitarse un motín en un penal estatal en Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para “garantizar las condiciones de gobernabilidad de dicho centro penitenciario”, donde murieron 17 personas, 13 resultaron lesionadas y del que se fugaron 25 reos.
En un comunicado, el organismo informó que tras los hechos de violencia registrados el primer día del año, en el Centro de Readaptación Social Estatal Número 3, personal de la Tercera Visitaduría General y del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) se comunicaron con la persona titular del Sistema Penitenciario del gobierno de María Eugenia Campos para urgirle a tomar “acciones para prevenir actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes en todos los penales de la entidad”.
De acuerdo a la CNDH, se le pidió a las autoridades penitenciarias de Chihuahua, “salvaguardar la integridad física de las personas internas, del personal que labora en el mismo, así como de las personas visitantes, y en su caso, se les brinde la atención médica y/o primeros auxilios psicológicos que requieran”.
Según el organismo, la persona titular del Sistema Penitenciario estatal informó a funcionarios de la Tercera Visitaduría general que en el penal “se habían activado los protocolos correspondientes, dando aviso a la Fiscalía General y a la Policía Estatal; además de que se había solicitado el apoyo del Ejército Mexicano”.
El organismo agregó que, como parte de las medidas cautelares y urgentes, solicitó “garantizar las condiciones de gobernabilidad en dicho centro penitenciario y continuar con la aplicación estricta de los protocolos correspondientes para la atención y control de incidentes violentos y de aquellos establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal”.
La CNDH indicó que de manera especial “se pidió la realización de acciones de diálogo, disuasión y negociación con la población penitenciaria, a fin de recobrar el orden de dicho CERESO, así como para la atención óptima, adecuada y oportuna, con respeto a los derechos humanos, de las partes involucradas e implementar un mecanismo adecuado para informar, de manera inmediata, a los familiares de las personas privadas de la libertad y del personal de seguridad y custodia sobre su estado de salud actual, además de que se les otorgara atención médica”.
En cuanto a la actuación de personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la toma de control del centro penitenciario, la CNDH recomendó que sus acciones “se realizaran conforme al uso gradual de la fuerza y sólo en los casos estrictamente necesarios, observando los principios de absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuenta y vigilancia”.
Aunado a lo anterior, el organismo urgió a la realización de “una investigación adecuada, imparcial, amplia y profesional sobre lo ocurrido, sin que se tomara ningún tipo de represalia en agravio de las personas privadas de la libertad y/o de sus familiares”.
Sobre las personas fallecidas, también llamó a colaborar en la investigación y “realizar diferentes gestiones para que a los familiares de las victimas se les brindara información debida y oportuna, así como acompañamiento y atención integral en todo momento”.
La CNDH informó que personal de la Tercera Visitaduría General y del MNPT realizan una investigación “a fin de identificar factores de riesgo y proponer medidas específicas par la prevención de actos de posible tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes asociados a los actos que acontecieron recientemente”.
Al señalar que personal de la Tercer Visitaduría y del MNPT acudirán a Chihuahua a supervisar los penales de la entidad, la CNDH indicó que “dará seguimiento puntual a los resultados de las investigaciones iniciadas y observará que se respeten y protejan los derechos humanos de las personas agraviadas por los hechos ocurridos, así como del resto de la población penitenciaria y de quienes ahí trabajan, ante cualquier circunstancia que pueda colocarlas en riesgo o peligro”.
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