El juez Quinto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México concedió la suspensión definitiva a Ovidio Guzmá...
El juez Quinto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México concedió la suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán Loera, exlíder del Cártel de Sinaloa, para que no sea extraditado, por lo menos, antes de que se dicte sentencia definitiva en el juicio de amparo.
“Se concede la suspensión definitiva para el efecto de que el directo quejoso Ovidio Guzmán López no sea extraditado y quede a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal, en el lugar en que se encuentra recluido y a disposición del juez responsable, sin perjuicio de que continúe el procedimiento de extradición que se le instruye; lo anterior, hasta en tanto se notifique la determinación en que cause ejecutoria la determinación que resuelva el cuaderno principal del que deriva esta incidencia. Sin que en el caso sea factible suspender la emisión de la opinión jurídica dado que implicaría paralizar el procedimiento que es de orden público”, señaló el juzgador.
“En lo único que se traduce la concesión de la suspensión es que se impida la extradición mientras se falla el amparo en lo principal”.
El juez fijó para audiencia constitucional, en la que definirá si concede o no el amparo a Ovidio Guzmán, el próximo 20 de febrero.
En el proceso contra “El Ratón”, quien fue detenido el pasado 5 de enero, ya le fue notificado formalmente que el gobierno de Estados Unidos lo requiere para juzgarlo por conspiración para traficar droga y se le decretó la detención provisional con fines de extradición, por lo que permanece recluido en el penal federal de Almoloya de Juárez, Estado de México.
El gobierno de EU cuenta con 60 días naturales para pedir formalmente su extradición, mismos que vencen el próximo 5 de marzo, y posteriormente, el juez de control del Estado de México estará en posibilidad de emitir una opinión jurídica en la que puede o no estar de acuerdo con su entrega.
Esta opinión no es vinculante pues la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la que tiene la última palabra.
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