En riesgo, la certeza y limpieza de las futuras elecciones

Mediante sendos pronunciamientos, los actuales 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y 16 de sus exconsejeros advirtieron púb...

Mediante sendos pronunciamientos, los actuales 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y 16 de sus exconsejeros advirtieron públicamente sobre las violaciones a la Constitución y las “deficiencias” del llamado Plan B de la Reforma Electoral, las cuales “ponen en peligro la operación de los procesos electorales”, pues afectarán la confección del padrón, la instalación de casillas, los cómputos de los votos y la fiscalización a los partidos políticos, por lo que –en suma– “no habrá garantías para la celebración de elecciones libres y confiables”.


El exconsejero electoral Mauricio Merino comenta a Proceso: “En estos dos pronunciamientos los consejeros y exconsejeros advertimos lo mismo: que es una reforma innecesaria, producto de la obstinación política del presidente de la República, y que pone en riesgo la capacidad de organizar las elecciones de 2024”.


El presidente Andrés Manuel López Obrador –recalca Merino–“sabe muy bien las consecuencias devastadoras que su obstinación va a provocar en la organización electoral, lo sabe de sobra porque él ha trabajado durante lustros en el ámbito electoral, y aun así lo hace con plena conciencia”.


El pasado miércoles 14, cuando en el Senado se debatía la Reforma Electoral, los 11 consejeros del INE emitieron su pronunciamiento conjunto, en el cual afirman que dicha reforma “podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas, y que hoy garantiza a las mexicanas y los mexicanos elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática”.


Estas condiciones –prosigue– se han garantizado en los 330 procesos electorales federales y locales organizados de 2014 a la fecha, tal y como lo establece el artículo 41 de la Constitución, por lo que el plan B es violatorio de este artículo.


Hacen después un recuento de las “deficiencias” de la reforma y los “riesgos” que éstas ocasionarán en el terreno electoral. Señalan, por ejemplo, que el INE realiza su trabajo a través de 300 Juntas Ejecutivas Distritales desplegadas en el territorio nacional, las cuales “desaparecerían con la reforma”, por lo que se “pondría en riesgo no sólo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país”.


Pero también se pone en riesgo “la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales”, así como el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género, entre otras actividades del INE en el ámbito distrital.


Por otro lado, al eliminarse la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral, se “impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera”.


Esta medida –advierte el pronunciamiento de los consejeros– igualmente pone en riesgo “la eficacia y eficiencia” con que se desarrollan los procesos electorales, así como “la atención” en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía.


Y pese a que la Constitución establece que el INE debe tener “órganos de dirección” y “órganos ejecutivos”, la reforma, violando estos otros preceptos constitucionales, elimina a la Junta General Ejecutiva para sustituirla por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, “desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias, como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección”.


Por otro lado, advierte que los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos mediante procesos de reclutamiento estipulados en la ley, y además están sujetos a una capacitación permanente, de manera que “despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales”.


Tanto ese personal del Servicio Profesional Electoral, como el que labora en la Rama Administrativa, rige sus condiciones de trabajo mediante un “Estatuto respectivo”. De ahí que la reforma viola también “las condiciones generales de trabajo” y las “garantías laborales” de los trabajadores de la rama administrativa, pues pretende quitarles la adscripción a su Estatuto.

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Tribuna Delicias: En riesgo, la certeza y limpieza de las futuras elecciones
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