La crisis en Perú, que ha derivado en los últimos días en una espiral de protestas que han puesto en jaque al incipiente gobierno de Dina Bo...
La crisis en Perú, que ha derivado en los últimos días en una espiral de protestas que han puesto en jaque al incipiente gobierno de Dina Boluarte, tiene como inesperado protagonista externo al mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, cuyos polémicos pronunciamientos han llevado a la ultraderecha peruana a pedir que sea declarado persona non grata.
Mientras las protestas contra Boluarte y el Congreso se intensifican en todo el país con quemas de edificios públicos, tomas de aeropuertos y centrales eléctricas y cierres de vías, López Obrador rechaza reconocer al nuevo gobierno, pide la restitución de Pedro Castillo como presidente y deplora la represión de la policía y el ejército contra los manifestantes, que ha dejado al menos una veintena de muertos y cientos de heridos.
Bajo presión de la clase política, la cancillería peruana llamó el jueves 15 a consultas a sus embajadores en México, Argentina, Bolivia y Colombia, países que tres días antes, en un comunicado conjunto, reconocían a Castillo como presidente de Perú, pese a que fue destituido por el Congreso el miércoles 7, luego de que decretó la disolución del órgano legislativo. La canciller Ana Cecilia Gervasi dijo que el llamado a sus embajadores era “en reacción a la intromisión en los asuntos internos”.
Los pronunciamientos de López Obrador son recibidos con entusiasmo por los manifestantes –campesinos, comuneros, sindicalistas, jóvenes e indígenas de las áreas rurales– que demandan la restitución de Castillo, adelantar las elecciones generales y convocar a una asamblea constituyente.
“La postura del presidente de México azuza el conflicto peruano porque enardece y le da más elementos a los manifestantes que están pidiendo la libertad de Castillo y su restitución”, dice a Proceso el sociólogo y director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta.
López Obrador es considerado en Perú como el artífice del comunicado conjunto que emitieron el lunes 12 los gobiernos de Argentina, Bolivia, Colombia y México, en el que el bloque izquierdista respalda a Castillo y pide a las instituciones peruanas “abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio”.
Una fuente diplomática en Bogotá dice a este semanario que el comunicado fue una iniciativa de México y que el canciller Marcelo Ebrard lo impulsó en conversaciones con sus homólogos de Colombia, Álvaro Leyva; de Bolivia, Rogelio Mayta, y de Argentina, Santiago Cafiero.
“Había informes de que las protestas contra la destitución de Castillo crecían y se consideró un buen momento para fijar una postura”, señala.
La fuente consultada dice que Ebrard “habló el fin de semana con el canciller (Leyva)”, y el presidente colombiano, Gustavo Petro, “aprobó los términos del comunicado, pero propuso algunas modificaciones”, como mencionar que el respaldo a Castillo se apega a “la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Además Leyva “buscó a la canciller de Chile”, Antonia Urrejola, pero ella consideró que Castillo había violado la Constitución al decretar la disolución del Congreso y también mencionó la “delicada vecindad (de Chile) con Perú”, lo que imposibilitaba a su país participar en el pronunciamiento.
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