Dos jueces federales rechazaron resolver el amparo tramitado por el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam contra el auto...
Dos jueces federales rechazaron resolver el amparo tramitado por el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam contra el auto de vinculación a proceso que le fue dictado por tortura, desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa, con lo que se generó un conflicto competencial.
Proceso informó que originalmente la demanda de Murillo Karam correspondió a la juez Décimo Sexto de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México quien incluso ya le concedió una suspensión definitiva.
Sin embargo, la juez envió el amparo al juez Segundo de Distrito ante quien el ex procurador presentó anteriormente una demanda contra su ilegal detención, incomunicación y la ejecución de cualquier orden de aprehensión.
El pasado tres de octubre el juez Segundo de Distrito rechazó ser competente para resolver esta nueva petición de Murillo Karam, por lo que será un Tribunal Colegiado el encargado de resolver cuál de los dos juzgadores será el que finalmente conozca de la demanda del ex funcionario.
Hasta el momento no se ha dado a conocer qué tribunal Colegiado resolverá el conflicto competencial entre ambos jueces, mientras tanto, la suspensión que le fue concedida al ex procurador permanecerá vigente.
Esta medida únicamente implica que hasta que se dicte sentencia definitiva de amparo, no se podrá dictar auto de apertura a juicio en la causa penal 307/2022 por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de justicia por la que Murillo Karam permanece sujeto a prisión preventiva justificada.
Es decir, no significa ni que el ex procurador quede libre ni la cancelación del proceso penal iniciado en su contra por las irregularidades cometidas durante la integración de la averiguación previa sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en la que se generó la llamada “verdad histórica”.
Esta versión de lo que ocurrió con los normalistas, según la Fiscalía General de la República (FGR), obstaculizó la realización de una investigación diligente para saber qué pasó realmente con ellos, se alteró evidencia para ajustarla a la verdad histórica que, además, se basó en testimonios supuestamente obtenidos mediante tortura, por lo que se ha facilitado que, luego de ocho años, los estudiantes permanezcan en calidad de desaparecidos.
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