Expertos de tres mecanismos de Naciones Unidas para atender desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y los derechos de reunión y...
Expertos de tres mecanismos de Naciones Unidas para atender desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y los derechos de reunión y asociación, se pronunciaron en contra de la militarización de la Guardia Nacional impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a través de cambios legislativos aprobados en el Congreso de la Unión y de una iniciativa de reforma constitucional, “en detrimento de las obligaciones internacionales de México en materia de derechos humanos”.
En una comunicación dirigida al Estado Mexicano a través de la representación de México ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias y las Relatorías especiales sobre ejecuciones arbitrarias y derechos a la libertad de reunión y asociación, llamaron al gobierno de López Obrador a anular los cambios aprobados en leyes secundarias y retirar la iniciativa de reforma constitucional.
“Llamamos al gobierno de su Excelencia a tomar las medidas necesarias para revertir las reformas legislativas publicadas el 9 de septiembre de 2022; no aprobar la reforma constitucional que pretende extender la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad; fortalecer las instituciones civiles de seguridad y adoptar un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares en tareas de seguridad pública; todo ello a la luz de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado mexicano”, señalaron los expertos que integran esos mecanismos.
En un análisis meticuloso de los cambios a leyes secundarias y a la iniciativa de reforma constitucional, los expertos consideraron que las reformas legislativas no sólo contravienen preceptos internacionales sino que mantienen un “carácter claramente inconstitucional”, al someter a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un órgano que nació civil, como lo es la Guardia Nacional.
“El avance de estas iniciativas significa un ataque en contra del principio de supremacía constitucional, mediante el que pretende contravenir la Constitución a través de la reforma a leyes de menor jerarquía”, lo que resulta preocupante si se considera que la Carta Magna “es la herramienta por excelencia de control civil sobre las Fuerzas Armadas y las reformas recién aprobadas les autorizan abiertamente a desobedecerla”.
Los organismos de la ONU alertaron que la iniciativa de reforma constitucional, aprobada en Cámara de Diputados y en proceso de ser votada en el Senado, “consolida la militarización de la seguridad pública en México y desmantela a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, que es la única institución de seguridad pública civil a nivel federal”.
Al destacar que la reforma “incrementa significativamente el poder de la Sedena sin controles civiles”, los expertos de la ONU reprueban que se pretenda “mantener la jurisdicción militar en la Guardia Nacional”, en la comisión de delitos de sus integrantes, cuando el carácter del cuerpo de seguridad es civil.
“Nos preocupa la evidente intención de ampliar el rol de las Fuerzas Armadas en seguridad pública”, siendo que no éste no le propio y para el cual que no han sido entrenadas, lo cual “podría favorecer y mantener la comisión de graves violaciones a derechos humanos”, considerando que “la tasa de impunidad en casos de violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas se mantiene en niveles preocupantes en México”, advirtieron los expertos.
Recordaron que al menos desde 2011 y hasta 2020, distintos mecanismos de Naciones Unidas se han manifestado contra el paulatino incremento de la presencia de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública, a lo que se suman sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establecen criterios sobre la participación castrense en esa materia.
En la comunicación los expertos formularon al gobierno una serie de requerimientos para esclarecer sus preocupaciones, entre ellos: cuáles son las medidas tomadas “para asegurarse que todas las regulaciones y legislaciones adoptadas respeten el derecho y los estándares internacionales de derechos humanos”, informar sobre los mecanismos para “garantizar el control de las fuerzas armadas por parte del gobierno civil, incluyendo en términos de su conducta y responsabilidad”, así como cuáles serían los instrumentos civiles “de rendición de cuentas para las Fuerzas Armadas en el país y su efectividad”.
Tras advertir al gobierno de López Obrador que sus respuestas serán integradas en un informe que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, firmaron el documento Luciano Hazan, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, y Clement Nyaleteossi Voule, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.
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