En su campaña para gobernador, Miguel Barbosa Huerta ofreció una ruptura con el morenovallismo, periodo que se distinguió por el autoritaris...
En su campaña para gobernador, Miguel Barbosa Huerta ofreció una ruptura con el morenovallismo, periodo que se distinguió por el autoritarismo, persecución, privatizaciones y despidos; pero en tres años las acciones que ha emprendido su gobierno apuntan más hacia el continuismo que a los cambios.
El politólogo Diego Velázquez Caballero señala que hasta ahora la administración barbosista –iniciada el 1 de agosto de 2019 y que sólo durará cinco años– no se distingue como un gobierno de izquierda. Por el contrario, mantiene grupos y políticas que el hoy mandatario criticó durante la campaña que lo llevó al poder.
Diversos actores han acusado a Barbosa de incumplir sus promesas a los votantes, entre otras la de cancelar la privatización del servicio de agua potable en la zona metropolitana de Puebla, consumada por Moreno Valle en 2014, y reinstalar e indemnizar a los burócratas despedidos injustificadamente en los primeros años de la administración panista.
Francisco Castillo Montemayor, exsecretario del Medio Ambiente, refiere que, si bien el gobierno de Moreno Valle representó un retroceso, Barbosa, al validar políticas como la privatización del agua y prácticas autoritarias, profundizó esos retrocesos y defraudó las expectativas de cambio que tenían los poblanos.
Resultado de esto, indica Velázquez Caballero, es que la llamada Cuarta Transformación no ha tenido efectos significativos en Puebla y, por el contrario, los principales indicadores nacionales revelan saldos negativos de estos tres años.
En el Índice de Desarrollo Democrático, Puebla pasó de ocupar el lugar 27 en 2018 a la posición 31 en 2022, sólo por arriba de Guerrero. En el Índice de Competitividad Estatal la entidad bajó cinco posiciones, pues del lugar 20 que tenía en 2018 descendió al 25 este año.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social también reporta que la pobreza en Puebla se incrementó de 2018 a 2020, al pasar de 64.3 a 69.9%, lo mismo que la pobreza extrema, que pasó de 17.8 a 26.2%.
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía indica que la percepción de inseguridad estatal aumentó de 81.4 en 2018 a 85.6 en 2021, mientras que al medir la Prevalencia de Corrupción por cada 100 mil habitantes, en 2021 Puebla tuvo una de las incidencias más altas del país, sólo superado por Quintana Roo.
El académico destaca que el gobernador tiene como abogado de cabecera al calderonista Roberto Gil Zuarth, quien fue uno de los principales asesores de Moreno Valle.
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