En el centro de los reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la minera Calizas Industriales del Carmen (Calica) –que extra...
En el centro de los reclamos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la minera Calizas Industriales del Carmen (Calica) –que extrae miles de toneladas de piedra caliza y opera la terminal marítima de Punta Venado en Playa del Carmen, Quintana Roo–, hay un arbitraje internacional a través del cual el gigante estadunidense Vulcan Material Company reclama mil 529 millones de dólares al Estado mexicano, equivalentes a 31 mil millones de pesos.
La resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias (Ciadi), con sede en Washington, está prevista para el segundo semestre de este año. El presidente del tribunal, el holandés Albert Jan van der Berg, determinará entonces si el Estado mexicano violó o no sus obligaciones bajo el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN); en caso de decidir que sí, el Ciadi establecerá el monto de la reparación.
El conflicto legal con Vulcan se gestó durante la administración de Enrique Peña Nieto, pero escaló con el gobierno de López Obrador, hasta que el pasado 5 de mayo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) cerró por completo la planta, con todo y un despliegue de 40 efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), alegando “la existencia de probables daños y deterioros graves a los ecosistemas”.
En la demanda de arbitraje, presentada el 3 de diciembre de 2018 –dos días después de la toma de posesión de López Obrador–, Vulcan reclamó que, por razones “políticas” y con argucias legales, el gobierno federal clausuró sus operaciones de extracción de piedra caliza en el predio El Corchalito, y que le prohibió operar en el predio de La Adelita, ambos adquiridos en 1996, lo que le causaba “pérdidas potenciales en cientos de millones de dólares”.
La transnacional también planteó un diferendo respecto al cobro de tarifas de la terminal marítima de Punta Venado –que construyó en los noventa–, y además sostuvo que los gobiernos federal, estatal y municipal incumplieron con varios compromisos plasmados en un Memorando de Entendimiento de 2014, que dibujaba un camino para terminar con una serie de disputas legales añejas.
El gobierno mexicano, por su parte, reviró que el cierre de operaciones de El Corchalito estuvo debidamente fundamentado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pues la empresa rebasó la cantidad de minerales autorizados en sus permisos, y recordó que el proyecto generaba un amplio desacuerdo entre grupos ambientalistas.
También planteó que el memorando no es un instrumento jurídico vinculante en México, por lo que no se puede alegar incumplimiento de parte del Estado. Aseveró que la reclamación de daños “está fundamentalmente viciada”, tanto en sus argumentos como en su monto, pues afirmó que la empresa infló sus supuestas pérdidas para reclamar una suma multimillonaria.
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