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El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara constitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) frenará las inversiones, provocará escasez energética y abre la puerta a innumerables litigios, advierte Luis de la Calle, experto en comercio internacional.
“El problema es que ahora tenemos dos cuerpos jurídicos: uno, lo que dice la Constitución, y otro es lo que dice la ley. Son distintos y contradictorios”, explica De la Calle, quien fuera negociador del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre México, Estados Unidos y Canadá.
En entrevista con Proceso, el experto en temas de inversión y comercio internacional explica las implicaciones jurídicas a nivel nacional e internacional que devienen de la LIE avalada por la SCJN en la votación de siete en contra y cuatro a favor de la constitucionalidad.
Contrario a lo que sostiene el presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que la LIE deja improcedentes los amparos interpuestos en su contra, además de que no implica violaciones al Tratado México, Estados Unidos, Canadá (TMEC), De la Calle expone un panorama problemático.
La resolución de constitucionalidad elaborada por la ministra Loretta Ortiz y respaldada por sus colegas Arturo Zaldívar, Jazmín Esquivel y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena no logró en la SCJN un voto mayoritario y calificado, creando incertidumbre y dos entidades jurídicas que rigen a un mismo mercado: el eléctrico.
“Eso va a impedir que haya inversión y asegurará que haya muchos litigios, y éstos algún día van a llegar a la SCJN individualmente”, apunta el exnegociador del acuerdo norteamericano antecesor del TMEC.
La explicación del experto se sostiene en que las empresas que ya han interpuesto amparos recurrirán a todas las instancias judiciales del país hasta terminar en manos de la SCJN, que tendrá que decidir, pero con mayoría simple, como fue el aval a la LIE.
De la Calle contempla que esos pleitos legales, ya de entrada desestimados por López Obrador, tendrán que ser resueltos en un plazo de dos a tres años, periodo en el que “habrá cero inversión” porque los empresarios no tendrán garantías de nada.
Absteniéndose de hacer comentarios con tinte político, porque sostiene que eso a él no le corresponde, De la Calle enfatiza que cualquier abogado y juez entienden que es incorrecto tratar de modificar la Constitución por medio de cambios a las leyes federales.
Las enmiendas constitucionales requieren del sí de dos tercios de los votos del Poder Legislativo y del apoyo de la mitad de los estados de la nación.
“Pero no trates de hacerlo por la puerta de atrás, modificando las leyes federales y proponiendo cambios a las leyes federales que son claramente contrarias a la Constitución”, dice el experto en comercio.
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