Dennis Saylor, juez federal de la Corte de Massachusetts, cuestionó el fundamento extraterritorial de la demanda civil que el gobierno de Mé...
Dennis Saylor, juez federal de la Corte de Massachusetts, cuestionó el fundamento extraterritorial de la demanda civil que el gobierno de México interpuso ante él contra ocho fabricantes de armas, lo que jurídicamente pareciera un mal pronóstico, aunque la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se siente confiada en que eso no es así.
“No, no es un mal augurio”, dice Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la SRE y responsable de la querella.
“Hay información suficiente en los escritos que presentamos ante la Corte, en el escrito inicial de la demanda y después en la contrarréplica que presentamos, en los cuales dejamos muy claro cuáles son las particularidades de nuestro caso”, añade en entrevista con Proceso.
El martes 12 se realizó una audiencia virtual sobre la demanda civil, en la cual el gobierno mexicano presentó a Saylor sus argumentos orales en favor de que haya un juicio sobre el caso. Las armerías, en tanto, argumentaron en contra.
En la sesión que duró poco más de hora y media Steve Shadowen, uno de los abogados representantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a pocos minutos de presentar su caso fue interrumpido por el magistrado cuando estipulaba el alcance extraterritorial de la denuncia.
El abogado, a nombre de México, alegó que los armeros, bajo la instrumentación de la ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), son responsables por negligencia del tráfico ilícito de sus productos que empoderan al crimen organizado mexicano.
“Saben que sus ventas de armas estilo militar son de la preferencia de los cárteles y lo hacen sabiendo que sus armas (semiautomáticas) fácilmente se pueden convertir en armas automáticas”, expuso Shadowen cuando el juez lo interrumpió para cuestionar la sostenibilidad legal del asunto.
Y es que la ley PLCAA, creada por el Congreso federal de Estados Unidos, da inmunidad a los fabricantes de armas ante cualquier demanda civil o criminal por parte de cualquier persona o entidad, incluso en asesinatos u homicidios masivos con pistolas y rifles.
La Cancillería, por medio de sus abogados, sostiene que las armerías publicitan sus armas indirectamente desde Estados Unidos al gusto de los cárteles, lo que los hace corresponsables de la muerte de decenas de miles de mexicanos, pese a la inmunidad de la ley PLCAA.
El juez le preguntó al abogado del gobierno mexicano si, bajo esas argumentaciones, países como El Salvador e Italia también podrían demandar por el uso de armas estilo militar, fabricadas en Estados Unidos, por pandilleros de la M13 y miembros de la mafia italiana.
“Ellos podrían”, respondió Shadowen trastabillando en sus palabras por la sorpresa de la intervención del magistrado.
La respuesta no fue suficiente para Saylor, consciente de que su fallo sobre si desechar o dar banderazo al juicio sentaría un precedente judicial en Estados Unidos que potencialmente pudiera causar una cascada de demandas internacionales contra los armeros estadunidenses.
“Los ucranianos están usando armas militares o revólveres fabricados por Smith & Wesson para matar soldados rusos, ¿podría, entonces, Rusia demandar a Estados Unidos? o por qué no lo haría, si lo que dice su teoría es correcto”, preguntó el juez al abogado.
Shadowen volvió a titubear ante la analogía que usó el juez para interrogarlo y se limitó a volver a decir que se podría. El juez ya no volvió a intervenir y continúo guiando la audiencia conforme a los turnos de tiempo para sus argumentos de los demandantes y acusados.
Las ocho empresas estadunidenses demandadas por México son: Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta USA, Beretta Holding SPA, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES MBH, Sturm, Ruger & Co, y Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.
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