Patrullas de la Policía municipal de Ciudad Acuña, en el Estado de Coahuila, han entrado al terreno donde este jueves se juntan cientos de...
Patrullas de la Policía municipal de Ciudad Acuña, en el Estado de Coahuila, han entrado al terreno donde este jueves se juntan cientos de migrantes haitianos que esperan cruzar Estados Unidos o empezar sus trámites de solicitud de protección o asilo en México. Afuera aguardan más patrullas de la Guardia Nacional. Algunas personas cubiertas con mantas esperan confundidas después de meses de viaje en autobús o a pie desde Sudamérica. Otros han empezado a caminar hacia el río Bravo, en el límite con Texas, para volver al campamento debajo del puente internacional que divide Ciudad Acuña y la ciudad texana de Del Río, donde llegaron a juntarse 15.000 personas y ahora permanecen unas 5.000, según las últimas cifras oficiales
El acceso desde Ciudad Acuña, que hasta este jueves permanecía abierto, ha sido cercado por las autoridades. La carpa de la Cruz Roja que había estado instalada en el interior ya no se encontraba este jueves por la mañana; más tarde, ha ingresado un equipo de Médicos sin Fronteras. Los helicópteros patrullan de manera constante desde hace días. “El Instituto Nacional de Migración (INM) respetará los derechos humanos de los migrantes y garantizará una migración ordenada, segura y regular”, aseguró el titular del INM, Francisco Garduño, que este miércoles visitó la zona, uno de los epicentros de la más reciente crisis migratoria.
Etrevis Doliskar no comparte esa certeza, dice. Con su hija de tres años en brazos, el haitiano, que viene viajando desde Brasil, cuenta que esta madrugada salió corriendo con su familia cuando escuchó el ruido de los primeros vehículos. Se escondió y ahora ya ha regresado al campamento, un lugar en el que llevan cuatro días, sin agua potable, sanitarios o techo. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha evaluado que las condiciones son de “vulnerabilidad extrema” y ha instado a las autoridades a “mantener las vías para que los solicitantes de asilo accedan a la protección internacional”. “Me siento tranquilo porque está la prensa. Pero la policía espera a que todos se vayan y queden solo los migrantes”, teme Doliskar.
Desde hace al menos dos noches, la Guardia Nacional, la Policía y agentes de Migración hacen redadas en los hoteles de la ciudad y en las calles. Una mujer que prefiere no identificarse permanece atenta a su teléfono, desde que hace dos días detuvieron a su marido cuando salió del campamento para comprar leche para su hija. Ahora él está en Tabasco, al sur de México, y ella, en la frontera con EE UU. A su lado Wilson Joseph, de 26 años, se rinde: “Que nos lleven, así ya se termina”.
Las personas han empezado a juntar sus pertenencias en bolsas, a cambiar los pañales de los niños o a orar. Al mediodía, han empezado a llegar agentes del INM que se han dirigido a los migrantes para convencerlos de que, si se van “voluntariamente” con ellos, les darán todo lo que las autoridades no le han proporcionado hasta ahora en este lugar: techo, comida, abrigo, servicios médicos y asistencia en sus trámites. “Es un engaño, ¿por qué no vienen a ayudarnos aquí”, ha expresado una de las mujeres haitianas. Los agentes y otras fuerzas de suguridad se han instalado, además, en los cruces del río por donde llegan los migrantes desde EE UU para atajarlos con la promesa de enviarlos de nuevo a Tapachula, en Chiapas, un muro de contención en el sur de México para las caravanas que llegan de Centroamérica.
Alexander Lundi, como muchos de los migrantes que han intentado cruzar ilegalmente a Estados Unidos en la última semana, viene de Chile, donde vive desde hace cuatro años con su mamá. Recorrió una decena de países antes de entrar por Tapachula, en Chiapas, a México. Y en el camino vio niñas violadas, muertos y sufrió atracos. En México, espera conseguir papeles para poder trabajar en México y ayudar a su madre, o cruzar a Estados Unidos, donde tiene familia.
El joven, de 23 años, está despierto desde la 6.30. “[La policía] entraba sin decir nada, sin hablar con nadie”, cuenta de pie, junto a otro grupo de migrantes que mira al río. Del otro lado hay, desde hace días, “un muro de acero” para frenar a los migrantes, según lo ha definido el gobernador republicano Greg Abbott. “Estamos esperando”, agrega Lundi. No sabe qué puede pasar y pregunta. Cuando le dicen que la Guardia Nacional está afuera suspira, pero no tiene miedo, asegura. No piensa cruzar el río hacia Estados Unidos, donde ya estuvo contenido por las autoridades estadounidenses cuatro días. En ese campamento, restringido a la prensa, los migrantes aseguran que han pasado hambre, sed y mucho calor, se ha ido vaciando.
Decenas de personas han sido devueltas a Haití desde EE UU y, a falta de definición sobre el operativo, otras cientos esperan su traslado a otros países como Chile o Brasil. Los migrantes partieron de Sudamérica después de que el pasado 3 de agosto Washington ampliara los plazos para acogerse a un programa de protección temporal conocido como TPS, que solo afecta a los haitianos que ya se encuentran en territorio estadounidense. Hace años se fueron de Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, expulsados por la inestabilidad política y económica, los desastres naturales y la inseguridad.
Este jueves, el enviado especial de EE UU para Haití, Daniel Foote, ha dimitido por la deportación “inhumana” de migrantes. “Mis recomendaciones han sido ignoradas y descartadas, cuando no modificadas para proyectar una narrativa distinta de la mía”, ha asegurado Foote, quien ha calificado el enfoque de EE UU en la política para Haití “profundamente defectuoso”. Lundi está convencido de que si vuelve al lado estadounidense de la frontera, lo deportarán porque viaja solo, como ha empezado a hacer esta semana la Administración de Joe Biden: “Es recoger el camino que ya hicimos”.
“Puede haber consecuencias humanitarias”
Lorena Guzmán, coordinadora del departamento de Protección al Migrante de la delegación regional para México y América Central del CICR, advierte de que “la acumulación de personas en la frontera puede generar consecuencias humanitarias derivadas”. De acuerdo con los trabajadores humanitarios presentes en el campamento, “es importante” que las personas que fueron víctimas de delitos durante su viaje desde Sudamérica cuenten “con mecanismos para elevar denuncias de manera confidencial” y “con los servicios de atención” necesarios. “Sus derechos deben ser garantizados en todo momento”, señala Guzmán.
“Las personas que deciden migrar, independientemente de las circunstancias, deben ser siempre tratadas con humanidad y dignidad, así como tener la oportunidad de acceder de manera efectiva a mecanismos de información y protección”, insiste. El CICR recuerda que la situación en Haití “es compleja” e insta a las autoridades a “promover prácticas que incluyan excepciones humanitarias para proteger a las personas”. “Una vía”, explica Guzmán, “podría ser proveerles de documentación migratoria para promover una estancia regular en México, minimizando sus riesgos y facilitando su pleno acceso a derechos de forma temporal o definitiva”.
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