El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, así como la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Suma...
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, así como la Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, ambos organismos de Naciones Unidas, alertaron la intención de dejar en la impunidad el primer caso contra miembros de la Secretaría de Marina enjuiciados por desaparición forzada, ante la pasividad de la fiscalía general de la República (FGR).
Tae-Ung Baik, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones y Morris Tidball-Binz, relator especial sobre Ejecuciones extrajudiciales, emplazó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador informar sobre “la revocación de la sentencia condenatoria en contra de cinco miembros de la Secretaría de la Marina acusados de la desaparición forzada de Armando Humberto del Bosque Villarreal, ocurrida el 3 de agosto de 2013, en la localidad del municipio de Anáhuac, estado de Nuevo León”, y cuyo cuerpo fue encontrado tiempo después.
Sobre la revocación de la sentencia contra los marinos, consideraron que “esta decisión sólo podría ser interpretada como una búsqueda de impunidad”, que podría afectar la investigación por homicidio, “considerando que desde el inicio la Fiscalía habría sido reticente a avanzar en la investigación”, pese a que el delito no ha prescrito.
En un documento fechado el 21 de julio, se da un plazo de 60 días naturales al gobierno federal para que detalle la revocación de la sentencia por la que se condenaba a los marinos, “a pesar de la existencia de pruebas contundentes en contra de los condenados, y como resultado de una interpretación restrictiva de la norma jurídica aplicable y alejada de estándares internacionales en vista de la gravedad de los delitos imputados”.
El caso de Armando Humberto del Bosque Villarreal fue documentado por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), a partir de las evidencias aportadas por el padre de la víctima, Humberto del Bosque Gutiérrez.
Por testigos, documentos oficiales y la declaración del mismo Del Bosque Gutiérrez se comprobó que Del Bosque Villarreal fue detenido junto con su vehículo por elementos de la Marina y conducido a un campamento cercano a la localidad, situación que en un primer momento fue reconocida por un oficial naval, pero más tarde, negada por el mismo elemento.
Dos meses después de la desaparición, su cuerpo fue encontrado a 8 kilómetros de la Base de Operaciones Navales en Anáhuac, con un disparo en la cabeza, y muy cerca de sus restos, el vehículo en el que viajaba cuando fue detenido y sus documentos de identidad.
Primera sentencia contra marinos
Los expertos de la ONU, resaltaron que, en 2016, fueron detenidos un capitán y cuatro elementos de Infantería de Marina acusados de la desaparición forzada de Del Bosque Villarreal, contra quienes se les inició un proceso penal en 2019 y en 2020 un juzgado federal los condenó a 22 años de prisión por desaparición forzada, así como a la destitución del cargo, la inhabilitación por más de diez años para desempeñar cualquier cargo público y a la reparación del daño y de gastos funerarios.
“Esta sería la primera y, a la fecha la única sentencia por desaparición forzada contra elementos de la Secretaría de Marina en México”, destacaron los expertos al resaltar que en la apelación, un magistrado federal “revocó la sentencia en segunda instancia alegando fallos procesales en la formulación de las conclusiones acusatorias por parte de la FGR y argumentando que se habría debido citar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (Ley General) en vez dl Código Penal Federal y, al no hacerlo, se habría violado el debido proceso”.
De acuerdo con la información recabada por el Grupo de Trabajo y la Relatoría especial, el caso se encuentra bajo análisis de un Tribunal Colegiado de Circuito.
Para los expertos, la resolución judicial que revocó la sentencia no toma en cuenta que la desaparición forzada y la localización sin vida de Armando Humberto del Bosque ocurrió mientras estaba vigente el Código Penal Federal, que “establece pena de 5 a 40 años de prisión mientras que la Ley General establece de 40 a 60 años”.
Para los expertos, “aplicar retroactivamente la Ley General iría, incluso, en contra del artículo 14 de la Constitución de acuerdo con el cual a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, así como del artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece el principio de legalidad penal”.
Los relatores resaltaron que “el Ministerio Público habría sido tardío en defender la sentencia condenatoria de 22 años y con cada revocación de la sentencia se mostraría más reticente y reacio a continuar el juicio y su papel como representantes de las víctimas del caso”, de ahí que a las víctimas se les ha negado el derecho a la verdad y a la justicia pronta y expedita.
Los expertos de la ONU reprocharon que en cuanto al homicidio de Del Bosque Villarreal “no avanza en forma pronta y existen retrasos importantes en la misma”, de ahí que la revocación de la sentencia por desaparición forzada agrava la situación, pues se teme que podría tener “un impacto negativo en la investigación por homicidio llevada a cabo por la Fiscalía”.
Los expertos del Grupo de Trabajo y de la Relatoría Especial mostraron su preocupación ante las denuncias de que “la Fiscalía ha sido reticente a avanzar ambas investigaciones, pero especialmente la de homicidio, sin ninguna razón de fondo”.
Tras señalar que los familiares de la víctima están siendo asesorados jurídicamente por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que fue motivo de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (11/2016) y de una Acción Urgente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED AU8/2013), los expertos expusieron sus preocupaciones a la representación del gobierno de López Obrador en Naciones Unidas en Ginebra.
Impunidad en puerta
Al temer que la revocación de la sentencia “podría ser interpretada como una búsqueda de impunidad” y que afecte a la investigación por homicidio, los expertos consideraron que caso revela una “aparente tergiversación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y su interpretación alejada de estándares internacionales en perjuicio de las víctimas de desaparición y sus familiares, así como otros actos de las autoridades que han tenido como resultado el retraso de la verdad y justicia en el caso, así como el peligro de que los funcionarios responsables de la desaparición forzada evadan su responsabilidad”.
Para los expertos de la ONU resulta inquietante que “una decisión de esta naturaleza pudiera crear un preocupante precedente en México en cuanto a la aplicación e interpretación de la Ley General de Desaparición Forzada de Personas y el mensaje de impunidad que ello enviaría con respecto a otros casos de desaparición forzada que permanecen sin rendición de cuentas en el país”.
Los responsables del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y de la Relatoría sobre Ejecuciones Extrajudiciales, pidieron al gobierno mexicano información sobre la situación que guarda el caso ante el Tribunal Colegiado de Circuito, “y los tiempos en los que se espera se llegue a una resolución del mismo”.
Solicitaron una explicación “detallada sobre las investigaciones judiciales y administrativas llevadas a cabo en el caso del homicidio del señor Del Bosque Villarreal, según los estándares internacionales, en particular según el Protocolo de Minnesota”, así como “indicar si se ha proporcionado compensación y reparación integral a las víctimas y sus familias”.
En el escrito, que tenía como plazo de vencimiento este 21 de septiembre, los expertos indicaron que las respuestas del gobierno de México se harían públicas en sitio web de ambas relatorías y que formarían parte de un informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
“A la espera de respuesta, quisiéramos instar al gobierno de su Excelencia a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de las personas mencionadas e investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. Quisiéramos asimismo instale a que se tomen las medidas efectivas para evitar que tales hechos, de haber ocurrido, se repitan”, concluyeron Tae-Ung Baik y Morris Tidball-Binz en su comunicación.
Hasta el momento, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no había dado respuesta a los expertos de la ONU.
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