La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó este miércoles su primera entrega del informe sobre la revisión a la Cuenta Pública 2...
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó este miércoles su primera entrega del informe sobre la revisión a la Cuenta Pública 2020. De acuerdo con la entidad fiscalizadora, se encontraron irregularidades por 588,840 millones de pesos (mdp) en el gasto público federal, de los cuales se lograron recuperar 122.6 mdp.
La cifra anterior se deriva de 125 auditorías a diversas Secretarías, empresas del Estado y programas federales. Cabe destacar que el periodo inspeccionado corresponde al segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, y está pendiente por aclararse el destino de 466.24 millones de pesos, equivalentes a 79.8% del total.
David Colmenares Páramo, auditor superior de la federación, detalló que de los 125 informes de supervisión resultaron 190 recomendaciones, 46 pliegos de observaciones, siete promociones de comprobación fiscal y 37 promociones de responsabilidad administrativas sancionatorias.
Aunado a esto, adelantó que las dos entregas restantes se presentarán en octubre próximo y febrero de 2022. De esta primera parte, explicó, se realizaron 104 auditorías de cumplimiento, cuatro de desempeño, una combinada de cumplimiento y desempeño, 16 de cumplimiento y de inversiones físicas.
Según muestra el informe, casi la mitad del monto por comprobar corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). En tanto, de acuerdo con las 11 auditorías que le practicaron, 283.72 millones de pesos tuvieron observaciones por daños o perjuicios.
Otras dependencias del gobierno de López Obrador que fueron auditadas y cuyos resultados se presentaron en esta primera entrega fueron la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Salud (SSa), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Educación Pública (SEP), así como las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Durante la sesión presentada ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, David Colmenares precisó que se trata de “un proceso que da paso, de acuerdo a la Ley de Fiscalización, a la aclaración, comprobación, reintegro de recursos o, inclusive, a la etapa condenatoria”.
En tanto, recordó que la ASF emite recomendaciones y acciones para que las dependencias fiscalizadas mejoren su gestión.
Por otra parte, la entidad informó que en 2020 se registró una pérdida acumulada de 399,468 millones de pesos entre ingresos tributarios y petroleros. Aunado a esto el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestario (FEIP) sólo pudo ser cubierto al 51.1% respecto a la caída en la captación de recursos.
En este sentido, se dio a conocer que el FEIP cerró con un saldo de 9,479 millones de pesos y su reserva quedó en cero.
La entidad informó que en 2020 se registró una pérdida acumulada de 399,468 millones de pesos entre ingresos tributarios y petroleros (Foto: Reuters /Daniel Becerril)
La entidad informó que en 2020 se registró una pérdida acumulada de 399,468 millones de pesos entre ingresos tributarios y petroleros (Foto: Reuters /Daniel Becerril)
El instrumento mencionado tiene como antecedente la creación del Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros en 2001, cuya finalidad era compensar las caídas en los ingresos petroleros, derivadas de la volatilidad del precio del petróleo o del tipo de cambio, respecto de los utilizados para la aprobación del paquete económico correspondiente.
Pensado como un mecanismo contracíclico que permite equilibrar las posibles disminuciones en la captación de ingresos respecto de la meta establecida en la Ley de Ingresos de la Federación, el FEIP es una herramienta de previsión y estabilización fiscal del Estado Mexicano.
Cabe señalar que durante 2020, segundo año del gobierno de López Obrador, las finanzas del país se vieron comprometidas por las medidas de distanciamiento social implementadas para frenar la propagación del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad de coronavirus. Por ello, una posible explicación a la caída de ingresos tributarios podría ser la pérdida de empleos y la caída en la actividad económica registrada el año anterior.
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