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Durante la madrugada del 18 de octubre, más de 150 policías encapuchados y armados, presuntamente enviados por la Fiscalía General de Nayarit, desalojaron a trabajadores del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) que mantenían un plantón frente al Palacio de Gobierno. La protesta, que llevaba más de un mes, exigía el reconocimiento oficial del sindicato y el cumplimiento de resoluciones judiciales sobre derechos laborales.
Los sindicalizados denunciaron intimidación, agresiones físicas y el retiro forzado de teléfonos celulares para impedir la documentación del operativo. Acusaron al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de cumplir amenazas previas y calificaron el desalojo como una violación a los derechos humanos. También responsabilizaron al fiscal estatal Petronilo Díaz Ponce y al secretario de Seguridad Pública Manasés Langarica.
La Fiscalía estatal, por su parte, anunció la apertura de dos carpetas de investigación por obstrucción de vías de comunicación y advirtió sanciones contra servidores públicos involucrados. El operativo se dio en un contexto de creciente tensión entre el sindicato y el gobierno estatal.
Expertos y organismos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la ONU-DH han reiterado que grabar actos de autoridad en espacios públicos es un derecho protegido por la Constitución mexicana y tratados internacionales, y que impedirlo puede constituir abuso de poder.
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